Un país que pretende ejercer una democracia real, de manera sustantiva, es aquel que procura la participación de todos y todas las ciudadanas de su territorio.
En contraste, un país deja de ser desarrollado cuando discrimina, excluye, violenta y degrada el acceso y los derechos de manera igualitaria a la mitad de la población. En este sentido, existe un avance sustancial en la situación de las mujeres en México; sin embargo, aún persisten escenarios estructurales, a veces simbólicos, que las bloquean e impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos en la vida política del país.
México se ha comprometido y ha adquirido compromisos a través de la firma de varios tratados internacionales, por lo cual tiene que emprender acciones para promover la participación política de las mujeres, pero como dice Gherardi (2012), existe una promulgación de leyes de segunda generación, las cuales definen acciones específicas para promover el acceso y la participación de las mujeres.
Actualmente, Sinaloa ha incorporado la definición jurídica de la violencia política en razón de génerodentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la entidad, la cual, de acuerdo con el artículo 24 bis C, es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos o electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función dentro del poder público.
De acuerdo con la “Declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres”, emitida por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI, 2015),es importante alentar a los partidos políticos, así como a las organizaciones políticas, sociales y sindicatos a que creen sus propios instrumentos y mecanismos internos para prevenir y combatir la violencia y el acoso político contra las mujeres.
En una entidad como Sinaloa, caracterizada por el aumento en el número de feminicidios, territorios en disputa y control del crimen organizado parece pasar desapercibida la Violencia Política en Razón de Género, pero lamentablemente es una realidad para regidoras, diputadas y dirigentes de partidos que luchan todos los días por una democracia más incluyente y justa para las mujeres.
Recientemente, la regidora de Movimiento Ciudadano por el municipio de Badiraguato, Jimena Rochín interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TESSIN) por violencia política de género contra el alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes.
La regidora Rochín denunció ante el TESSIN que es objeto de malos tratos por el citado alcalde y que además está siendo víctima de la retención de su salario como regidora del municipio serrano. Sin embargo, la denuncia de la regidora aún no ha tenido respuesta del tribunal, ni tampoco ha logrado tener un apoyo de otras mujeres de la función pública que más allá del discurso de la sororidad deberían hacerlo una realidad en este Día Internacional de la Mujer.
En resumen, en una democracia incluyente y justa, es necesario construir políticas como un ejercicio de buena gobernanza para que las mujeres tengan espacios igualitarios y no solo retóricas vacías de cada 8 de marzo. Es decir, realmente apoyarnos entre las mujeres, independientemente del aspecto partidista, para aspirar a construir una democracia incluyente y políticas públicas inclusivas en favor de las mujeres de México y Sinaloa.
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