No alcanza la justicia laboral para las normales de Sinaloa

*La ENS ha perdido 2/3 de su terreno, infraestructura y derechos laborales.

*Neoliberales en el gobierno siguen aplicando la Reforma Educativa de EPN

***

La Escuela Normal de Sinaloa es una de las instituciones educativas de mayor tradición y orgullo sinaloense, forjadora de más de 70 generaciones de maestros que han educado a la niñez y a la juventud de Sinaloa durante cerca de un siglo, sin embargo, lejos de crecer y consolidarse como una institución de educación superior, a 77 años de su creación no tiene más infraestructura y equipamiento que una escuela de educación básica, además de que ha sufrido duros embates que van desde la pérdida de dos terceras partes de su terreno original y parte de sus instalaciones, hasta la más reciente supresión de derechos laborales –consagrados en la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado—de su personal académico, mediante la aplicación local de un acuerdo secretarial diseñado para las normales de la Ciudad de México, que el gobernador Quirino Ordaz decretó como válido para las normales de Sinaloa.

La promoción del personal académico de la Escuela Normal de Sinaloa, que se habían venido realizando cada dos años, se suspendió en la práctica a partir del 2018 debido a la falta de recursos y a demandas jurídicas que exponían irregularidades en el proceso recategorización. Sin embargo, al reactivarse los procesos de promoción en las normales de Sinaloa en el 2023, se ha tomado como base el decreto del 2018, emitido como una extensión de la Reforma Educativa de Peña Nieto –debido a que sólo aplicaba legalmente para educación básica y media superior—, a pesar de que ésta ya fue abrogada desde el 2019 y que, se demostró, atentaba contra derechos laborales fundamentales.

Antecedentes legales

Al iniciar el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador no sólo se suprimió la Reforma Educativa del 2013 (Les del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional de Evaluación), sino que se impulsó una gran reforma laboral –LFT, LFTSE, Ley del IMSS y del INFONAVIT, entre otras— que pretendía hacer justicia a los trabajadores mexicanos y democratizar su vida sindical.

Asimismo, en sustitución de la LSPD se aprobó una Ley de la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros –USICAMM— que contempla  la eliminación de la evaluación por puntos ligada al empleo, la recuperación de los escalafones vertical y horizontal para la promoción, que establece la antigüedad como uno de los 4 factores a valorarse (de acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado) y la eliminación de la evaluación estandarizada y homogénea.

Los infiltrados del neoliberalismo en la 4T

Sin embargo, debido a que la Reforma Educativa de Peña Nieto en las normales no tenía la categoría de ley, sino sólo de acuerdo secretarial para las normales de la Ciudad de México –no era obligatorio para los Estados—, éste acuerdo no se suprimió para armonizarse con la ley de la USICAMM debido a que la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio –antes DGESPE— sigue siendo controlada por el equipo de Aurelio Nuño Mayer, ex secretario de educación con Peña Nieto y principal promotor de la Reforma Educativa del 2013. El equipo de Nuño, encabezado por Mario Chávez, fue recontratado por el subsecretario de educación superior, de la SEP, Luciano Concheiro, ignorante del quehacer, la cultura y la vida de las escuelas normales, pero sí muy identificado y beneficiario de las políticas neoliberales en las universidades en los últimos 30 años.

Con una perspectiva similar a la de Concheiro y de acuerdo con el equipo de Aurelio Nuño, las autoridades estatales de educación superior en Sinaloa, muy influidas por su formación y desempeño en la UAS, siguen empeñadas en aplicar el reglamento de ingreso, promoción y estímulos al personal académico, decretado para las Normales de la Ciudad de México, que es violatorio de los artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado y que va en contra de los objetivos de justicia laboral impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y establecidos por los legisladores en la gran reforma laboral del 2019.

La justicia laboral impulsada por la 4T no alcanza a llegar a la Escuela Normal de Sinaloa. Los operadores del neoliberalismo incrustados en el gobierno la siguen obstaculizando a pesar de que esta justicia ya se legisló desde el 2019.

El problema en la Escuela Normal de Sinaloa no es sólo de rezagos, ni siquiera de recursos, sino de violación de derechos laborales mediante la aplicación de un decreto obsoleto, que obedece a la defenestrada Reforma Educativa del 2013 y el cual suprime el factor de antigüedad para la promoción laboral y reduce la carrera académica (conocimientos, experiencia y desempeño) a una competencia burocrática por juntar y presentar montones de constancias para sumar puntajes, bajo el supuesto de que así se lograría una “educación de calidad”, mientras que, en la práctica, se descuida la atención formativa en las aulas a los grupos escolares.

Asimismo, resulta un contrasentido pretender imponer las mismas reglas –a nivel nacional— para la promoción del personal académico –como se pretendía en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— a docentes con condiciones, contextos, trayectorias, culturas, recursos institucionales, radicalmente distintas.

¿Puede la ENS –con menos recursos que una escuela secundaria técnica—, competir como Institución Pública de Educación Superior, en actividades de docencia, investigación, asesorías,  intercambios académicos y proyectos de servicios comunitarios con instituciones como la UADEO o la UAS con un presupuesto de 5 mil millones de pesos?

La ENS, desdeñada por los gobiernos

Creada en 1874 como, como parte del Liceo Rosales, la Escuela Normal de Sinaloa se independizó de la UAS en 1947, cuando se creó como una dependencia del Gobierno del Estado, dotándosele de infraestructura un gran terreno para su crecimiento futuro en la colonia Libertad, en la ciudad de Culiacán. Sin embargo, con los cambios de administraciones en el gobierno estatal, en lugar de extenderse a otros municipios ante el crecimiento de su matrícula, aumentar su patrimonio y consolidar su crecimiento académico, como la mayoría de las instituciones de educación superior, la ENS ha involucionado al no tener control de gran parte de su infraestructura, haber perdido dos terceras partes de su terreno original  y enfrentar ahora la disminución y regateo de los derechos laborales de su personal académico.

Al carecer de Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, la ENS no podía impedir que el Gobierno del Estado dispusiera del terreno en que se ubican sus instalaciones, por lo que cerca de un tercio del predio fue cedido a la escuela secundaria Gabriel Leyva y a la clínica del IMSS ubicada x la calle Pascual Orozco. Otras dos superficies fueron cedidas a la escuela primaria Benito Juárez (anexa a la Normal), ubicada por la avenida Victoria, en Loma Linda y al jardín de niños Luz María López Meza, ubicado por la avenida Manuel J. Clouthier.

Asimismo, una quinta parte del terreno fue destinado a espacios deportivos para la Normal –una cancha de futbol y una pista de atletismo—, sin embargo, la administración de la Normal no tiene control ni injerencia en esos espacios que, desde hace mucho, fueron concesionados a un comité de vecinos. Otra fracción se le cedió al Centro de Estudios de Bachillerato, conocido como Bachillerato Pedagógico, al cual se le construyó un edificio propio, a espaldas del supermercado Ley, pero dicho edificio se encuentra abandonado (y vandalizado), mientras que el bachillerato funciona en otras aulas prestadas por la Normal.

La UPES, en 14 municipios con 16 licenciaturas

Mientras que en 77 años de existencia, la ENS ha perdido dos tercios de su terreno, parte de su infraestructura y disminución de derechos laborales de su personal académico, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, en menos de 12 años, ha consolidado una oferta educativa permanente de seis licenciaturas, maestría y doctorado; ofrece servicios en 13 municipios, de los 20 municipios del estado con tres sedes y diez subsedes; tiene una amplia infraestructura académica y administrativa.

Además de las aulas equipadas y de instalaciones de apoyo regular, como bibliotecas, centros de cómputo y oficinas administrativas, la UPES cuenta con su propio edificio torre de rectoría, una radiodifusora (RadioUPES) y un programa de Universidad Virtual, y se ha constituido como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y Patrimonio Propio, por lo cual tiene su propia Junta Directiva de gobierno que aprueba sus planeaciones, presupuestos y sus gastos, sin tener que pedir autorización del gobierno del Estado.

La ENS, una IPES con menos recursos que una secundaria

Aunque la ENS se concibe como una institución de educación superior –como la UAS, la UADEO, el Tecnológico de Culiacán o la UPES— no tiene más infraestructura que una escuela secundaria –de educación básica—. Carece de financiamiento para pagar una estructura administrativa propia, ya que el personal (que funge como) administrativo es personal académico comisionado en funciones administrativas.

Es decir, se desvían los recursos académicos para funciones administrativas, y luego hay que contratar personal interino para cubrir las tareas académicas que deja el personal comisionado a tareas administrativas, lo que provoca que gran parte de la función académica, sustancial de la ENS, recaiga en el personal nobel o recién llegado, que muchas veces desconoce el quehacer institucional.

Además, en la ENS no hay aulas para maestros, ni lockers para guardar sus materiales, ni cubículos para asesorías, mucho menos cubículos para investigación equipados con computadoras y conexión a internet. Las asesorías a los alumnos en la ENS se dan debajo de los árboles, en los cafés o en las mesas del comedor, o hay que esperar a que se desocupen aulas de clases para poder usarlas como cubículos.

En la ENS, a pesar de clasificarse como Institución Pública de Educación Superior, su personal académico no tiene becas al desempeño, ni becas para especialidad o posgrado, ni descarga horaria para estudiar posgrados, ni programas ni apoyos para titulación, ni año sabático ni viáticos para la supervisión de prácticas.

Y para colmo, la promoción de su personal académico –que se encontraba suspendida desde el 2018—, cuando por fin se reactivó en diciembre de 2023, con la emisión de la convocatoria a concurso para tres plazas de tiempo completo Titular C, se hizo con base en un reglamento obsoleto, derivado de la Reforma Educativa de Peña Nieto, que lo cual desató un mar de inconformidades y reclamaciones.

No obstante, las autoridades estatales de educación superior, con una perspectiva universitaria, ignorando el contexto, la cultura y la historia de la Escuela Normal de Sinaloa, pretenden imponer en la ENS la cultura del endiosamiento de la evaluación por puntajes y mantener los contratos de la inútil certificación, como la panacea de la “calidad de la educación” y sin ofrecer los apoyos necesarios ni reconocer la precariedad en que vive la Normal.

En resumen

En resumen, es incongruente que las autoridades estatales de educación superior exijan al personal académico de la Escuela Normal de Sinaloa, a través de los concursos de oposición y recategorización, (como condición para su promoción), un nivel de calidad y desempeño propio de Instituciones Públicas de Educación Superior, autónomas o descentralizadas –o federales como las normales de la Ciudad de México— que poseen cuantiosos recursos propios, además de prestaciones laborales y diversos programas de apoyo para el desarrollo de su personal académico, que la ENS no tiene.

Es incongruente, también, que en vez de crecer y consolidarse como IPES, la ENS, a 77 años de su creación, haya perdido dos tercios de su terreno y no tenga capacidad jurídica para administrar sus recursos, ni siquiera una estructura administrativa propia, mientras que la UPES, en menos de 12 años ofrezca servicios en 13 municipios, así como tenga seis programas de licenciatura, maestría y doctorado, así como Universidad Virtual y RadioUPES, además de planear y administrar sus recursos como Organismo Público Descentralizado.

Resulta incongruente también que con la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto se haya hecho justicia a los maestros de educación básica con la ley de USICAMM, pero no a los maestros de las escuelas normales, a los que se les sigue aplicando un reglamento basado en  la Reforma Educativa del 2013, en el que los proceso de promoción del personal académico (por concurso y recategorización), se impida al personal de más antigüedad, trayectoria y desempeño académico, alcanzar el Nivel de Titular C, por no poseer el título de doctorado, cuando las autoridades educativas estatales no han cumplido con su responsabilidad de capacitación a su personal, como lo establece la legislación laboral vigente en los artículos 153 A y 153 B (Capítulo III Bis – De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores de la LFT), ofreciendo los apoyos más elementales para el desarrollo del posgrado, como becas al desempeño, becas de posgrado, descargas horarias y programas de  titulación.