Hay días en que nuestros esfuerzos parecen derrumbarse. Lo sentimos mayormente luego de vivir jornadas más amables en las que esas estadísticas que provocan insomnios sin fin, de repente nos lanzan una tímida sonrisa como anunciando que las acciones violentas empezarán a retroceder y suavizar sus efectos. En estos últimos días pasan revista preocupaciones de peso, como ver que la violencia toca de manera especial a mujeres, incluidas niñas. Nos desayunamos informándonos que son víctimas de homicidios, desapariciones o lesionadas con arma de fuego. Y cuando se habla de víctimas colaterales, allí están dolorosamente presentes mujeres adultas y menores. Todo ello abruma y vuelve algunos días un tanto desesperantes.
Y también nos desesperan los enfrentamientos en las calles, especialmente cuando hay lesionados o víctimas fatales ajenos a los problemas que caracterizan la coyuntura y a los grupos delincuenciales que protagonizan los enfrentamientos. Los eventos de este tipo toman fuerza y frecuencia en algunos días y no dejan de impactar en nuestra lastimada confianza en que las políticas de seguridad que ahora se aplican puedan encontrar los caminos que nos lleven a recuperar la normalidad que teníamos hasta el 8 de septiembre de 2024. Con todo ello, debemos reconocer que la esperanza de alcanzar la paz y las condiciones de convivencia social de los buenos tiempos sigue presente en todas las consideraciones ciudadanas. Y es un elemento que nunca debemos perder de vista.
En los meses y semanas más recientes un elemento de primer orden es la crisis en las cárceles de la entidad. En ese tiempo se han registrado alrededor de nueve hechos violentos, principalmente en el penal de Aguaruto, Culiacán, que arrojan internos muertos y lesionados. Todo ello ha provocado reiteradas revisiones en la penitenciaría buscando armas, teléfonos celulares, drogas y otros objetos prohibidos. De esas acciones de la autoridad han resultado decenas de quejas contra las autoridades que realizan las revisiones. Y hay que señalar que las revisiones de los días viernes 17 y lunes 20 del presente mes, colapsaron la situación al interior del Centro de Rehabilitación de Aguaruto. Al grado que el día martes tres grupos de familiares acudieron ante las oficinas de la CEDH para presentar quejas ante la insostenible situación.
Alrededor de 45 familiares se quejaron el martes 21 por lo que consideraron un mal comportamiento de las autoridades policiales durante las revisiones en el penal de Culiacán. No sólo asentaron en la queja colectiva que los presos han recibido malos tratos, que incluyen malas palabras y golpes físicos. Y agregan que la tortura ha hecho lamentable presencia en la cárcel en los días de revisión. Varios familiares relatan que sus parientes internos dicen haber sufrido inmersión en agua que los pone al borde de la asfixia y que la humanidad de esos internos también es mojada para aplicarle toques eléctricos. Sin rodeos, digamos que, si eso es cierto, estamos viviendo un lamentable retroceso en materia de derechos humanos. Lo que obliga a tomar urgentes medidas para que se castiguen esas conductas delictivas y se garantice la no repetición de los casos, pues eso es un peligroso guiño al autoritarismo.
Consuela y levanta la moral el saber que hay diversos esfuerzos desde la sociedad buscando abrir brecha hacia la postcrisis. Prestigiados organismos han convocado a foros de reflexión, promueven centros de investigación y movilizan a grupos sociales en torno a sus iniciativas.
Somos partidarios de empeñar voluntades y recursos en aras de la Utopía de paz, por eso queremos hacer puntuales críticas a la propuesta de presupuesto 2026 y sus prioridades, porque no ayudará a mejorar la situación. La deuda pública sigue atravesada como el peor dolor de cabeza, sin que desde la presidencia o del Congreso de la Unión haya iniciativa alguna que cuestione la legalidad, la legitimidad y la moralidad de dicha deuda. Damos por sentado que hay que pagar, sin más. No hay ni un tímido planteamiento que busque tomar una nueva postura como Estado y que siente a los acreedores para establecer qué monto de las deudas tenemos que pagar y cuales se anulan. Este 2026, el pago por intereses de la deuda pública alcanzará más de un billón 700 mil millones de pesos, una cantidad muy superior al presupuesto que se dedicará a la educación, que será de un billón 200 mil millones de pesos. Eso es inaceptable.
Es cierto que las becas a jóvenes que estudian alivian los apuros de quienes sueñan ser profesionistas o técnicos, que la pensión universal para adultos mayores ayuda grandemente a ese estrato de la sociedad, pero el desvío de la cantidad señalada para el servicio de la deuda impide la atención plena en materia de salud y la promoción del desarrollo en distintas regiones del país y los diferentes sectores de la economía. Como el trabajo para restablecer la seguridad y las condiciones mínimas para un desarrollo con justicia social, no depende solo del esfuerzo policiaco, la reorientación del presupuesto es clave para acercar el final de la crisis que hoy padecemos.
El desarrollo de la crisis de seguridad deja más claro cada día que el recurso principal para remontarla es la cultura. La cultura, entendida como los hábitos y costumbres, prácticas y maneras de ser, incluidas las omisiones y las formas de equivocarnos. Si no nos damos la oportunidad de explorar todas las posibilidades que nos brinda la cultura, simplemente repetiremos las viejas recetas cuyos resultados conocemos de antemano. Pero hablar del campo de la cultura reclama considerar voluntad, claridad de metas, interactuar con el pueblo profundo y presupuestos. La cultura es la alternativa, sin duda, y su compañera inseparable es la perspectiva de derechos humanos, como arco y flecha ̶ dijera Juan Eulogio Guerra ̶ de las políticas públicas frente la crisis de seguridad. Vale.
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X @Oscar_Loza
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