Reconstruir con visión: la educación ante los retos climáticos y presupuestales

Por: Luis Daniel Rodríguez, Investigador de Mexicanos Primero Sinaloa
X/Twitter: @MexicanosloSin @LuisDanielRguez

Las intensas lluvias de las últimas semanas han afectado gravemente a comunidades en distintos puntos del país. En estados como Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, las inundaciones y deslaves han dejado daños considerables en infraestructura pública, entre los cuales destacan los planteles escolares. Mientras las familias trabajan por recuperar la normalidad, las autoridades federales y estatales deben actuar con prontitud para garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan regresar a clases en espacios seguros.

Aunque las evaluaciones de daños continúan, es evidente que las escuelas han sido una de las infraestructuras más vulnerables. De acuerdo con la autoridad educativa federal, se tiene el reporte de que 1,297 planteles han sido afectados. Aulas inundadas, techos colapsados y mobiliario dañado son consecuencias visibles; sin embargo, la verdadera gravedad radica en la interrupción del proceso educativo. Cada día que pasa sin que las escuelas sean rehabilitadas agrava las desigualdades de aprendizaje que persisten desde la pandemia y limita el derecho a la educación en condiciones de seguridad y dignidad.

El panorama actual no surge únicamente a raíz de las lluvias. Desde antes de esta emergencia, el sistema educativo ya enfrentaba serias carencias en infraestructura básica. De acuerdo con datos oficiales del ciclo escolar 2022-2023 (consultados en la plataforma de Monito), 6 % de los planteles de educación básica y media superior no contaban con electricidad, 19 % carecían de agua potable y 1.4 % no disponían de sanitarios. En conjunto, más del 18 % de las escuelas del país no contaban con servicios básicos completos. Estas cifras reflejan una deuda estructural, pues aun sin fenómenos naturales, en casi 1 de cada 5 escuelas no se garantizan condiciones elementales para el aprendizaje. Frente a este contexto, los daños ocasionados por las lluvias agravan un problema preexistente.

La capacidad presupuestal resulta aquí determinante. Hasta 2020, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) permitía disponer de recursos federales acumulados para atender emergencias derivadas de fenómenos naturales. Tras su eliminación, las respuestas a desastres dependen de partidas presupuestales anuales sujetas a disponibilidad, sin reservas permanentes ni reglas específicas para su activación. Esta modificación reduce la certidumbre con la que los estados pueden acceder a recursos para reconstrucción.

En el caso de las escuelas, esta situación se traduce en falta de claridad sobre los montos asignados y reglas de operación para ejercerlos. Si bien el gobierno federal ha señalado que los apoyos se canalizan ahora mediante programas presupuestarios específicos y un seguro institucional que cubre daños en los planteles escolares, la ausencia de un mecanismo de reserva limita la capacidad de respuesta y deja a las comunidades educativas expuestas a la disponibilidad presupuestal.

Garantizar el derecho a la educación implica asegurar que las escuelas estén en condiciones de operar, sin depender de improvisaciones presupuestales ante cada emergencia. La política educativa debe asumir que los fenómenos meteorológicos extremos son una constante y no una excepción, y que el mantenimiento y la reconstrucción de escuelas requieren continuidad financiera, planeación técnica y transparencia en la ejecución.

Las lluvias recientes son un recordatorio de la vulnerabilidad de nuestra infraestructura educativa. No basta con reparar lo dañado; también es necesario prevenir y fortalecer. La educación no puede interrumpirse cada temporada de lluvias ni depender de la suerte de que el recurso económico llegue a tiempo. Reconstruir con visión y prevención con fondos suficientes hacia el futuro, es una condición indispensable para garantizar que el derecho a aprender se ejerza todos los días y en todas las escuelas del país.