Por: Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

Esta semana desde Iniciativa Sinaloa compartimos cómo la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), además de dar carpetazo al expediente de la denuncia presentada en 2014 por presuntas irregularidades en la obra de la Academia de Béisbol, decidió también ocultar dicha información por cinco años.

Es decir, al Gobierno no solo le bastó con dejar en la impunidad administrativa una obra realizada con claras irregularidades durante la administración de Mario López Valdez, sino que también le apostaron a su opacidad.

Esto último se realizó bajo el argumento de que  “toda vez que la divulgación de información pone en riesgo la vida del servidor público que fue denunciado [sic]”, ósea en este caso utilizaron el discurso de derechos humanos y enfatizaron sobre la protección del funcionario denunciado, José Luis Sevilla Suárez, titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a cargo de los trabajos de la Academia de Beisbol.

Esta situación llama nuestra atención, por diversas razones. Primero, ¿por qué se protege al denunciado y no al denunciante? Este argumento es contrario a lo que se viene fraguando a nivel nacional en materia anticorrupción respecto a brindar protección a las personas alertadoras de corrupción; tal parece que en Sinaloa se rema a contracorriente al buscar proteger a los denunciados y no a los denunciantes.

 

Segundo, recordemos que ésta no sería la primera vez que Iniciativa Sinaloa, organizaciones, periodistas y ciudadanos en general solicitan, una vez concluidos, los expedientes de casos asociados a corrupción y que éstos en su momento han sido entregados en versión pública para proteger los datos personales de las personas implicadas durante la investigación. Ejemplo de ello, fue el expediente del exsecretario de Finanzas de Malova, Armando Villarreal el cual se desclasificó de esa manera. Ante esto, es inevitable que nos surjan más dudas, ¿por qué la STRC simplemente no testó el documento? o bien, ¿por qué deciden ocultarlo si solo se trató de una investigación administrativa y no penal?

A pesar de la negativa de la STRC en otorgar la información, el caso no acaba aquí, pues desde Iniciativa Sinaloa se presentará recurso de revisión ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) lo cual representa una buena oportunidad para que el órgano garante de transparencia resuelva a favor del interés ciudadano, poniendo de manifiesto por qué éste y el INAI son importantes.

La Academia de Beisbol de Sinaloa es un reflejo de la corrupción que imperó con Malova y que se acompañó de la impunidad y la opacidad de Rocha. Todavía esta semana se hizo una visita a sus instalaciones y personal ahí presente manifestó que el lugar no estaba funcionado, salvo su estacionamiento: un elefante blanco del malovismo.

 

De abrirse el expediente la ciudadanía podrá conocer cómo actuaron las autoridades en el combate a la corrupción, sus líneas de investigación y las decisiones por las cuales desechan o no los expedientes,entre otras.

Con el carpetazo que dio la STRC a la denuncia presentada hace siete años, se nos negó nuestro derecho a la justicia. No permitamos que ahora se nos niegue nuestro derecho a la verdad y de acceso a la información pública.

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