Topolobampo: cuando el desarrollo se impone a los derechos humanos

Imagínate que, de un día para otro, una empresa alemana irrumpa en tu comunidad y, sin un solo permiso municipal, decida destruir y reconstruir la cancha de basquetbol: el corazón de la vida cotidiana. Imagínate que lo haga arrogándose el papel de ‘benefactora’, sin consultar a nadie, sin dirigirse a las autoridades vecinales, sin respetar procesos ni voluntades. Y que, ante la indignación del pueblo, tengas que pedir una patrulla para evitar que la defensa del espacio común termine en un enfrentamiento entre familias.

Eso no es un ejercicio de imaginación. Sucedió este martes 18 de noviembre en el campo pesquero Lázaro Cárdenas, al norte de Sinaloa.

En días recientes se registró un preocupante incremento de ataques contra quienes defienden los derechos humanos de los pueblos yoremes, de las comunidades pesqueras y de los habitantes que exigen un ambiente sano en Topolobampo. El Colectivo Ecológico ¡Aquí No! enfrenta una nueva fase de hostigamiento, justo cuando se acelera la construcción de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la trasnacional suiza alemana Proman AG, dentro del Sitio Ramsar Ohuira–Topolobampo–Santa María. La obra avanza a marchas forzadas y no sin accidentes laborales.

Las organizaciones acompañantes creemos que esta escalada responde al nerviosismo tanto de la empresa como de las autoridades mexicanas, ante la cercanía de un momento clave: la publicación de los resultados de las investigaciones realizadas por instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Front Line Defenders, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

No se trata de una sospecha infundada: a mediados de septiembre, la embajadora de México ante la ONU en Ginebra, Francisca E. Méndez Escobar, recibió una comunicación oficial firmada por diversos relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos. En ella, los expertos advierten al gobierno mexicano sobre violaciones documentadas durante la visita de funcionarios del Alto Comisionado a las comunidades pesqueras de la Bahía de Ohuira en noviembre de 2024. Los testimonios recabados señalan a GPO como responsable de afectaciones a derechos humanos, en un proyecto catalogado como altamente tóxico y financiado, además, por el banco estatal alemán KfW IPEX-Bank.

De acuerdo con los procedimientos de Naciones Unidas, los Estados —incluido México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum— deben responder en un plazo de dos meses. Ya han contestado el gobierno alemán, el suizo, directivos del banco KfW, ejecutivos de Proman e incluso representantes de GPO. La única respuesta pendiente es la del gobierno mexicano.

Mientras tanto, las dependencias involucradas —Semarnat, Economía, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otras— parecen más ocupadas en elaborar sus defensas ante la ONU que en atender la situación en Sinaloa, donde continúa una campaña sistemática de miedo, criminalización y cooptación. Se reactivan juicios contra activistas, surgen amenazas de muerte en redes sociales y dentro de las propias comunidades (carpetas 5751 y 5645/2025), y se involucran actores ligados a intereses petroquímicos, incluyendo una profesora de la UAIM cuyo caso ya está ante el Órgano Interno de Control. Incluso funcionarios de Protección Civil de Juan José Ríos participan en acciones de hostigamiento, en un contexto donde la comunidad de Lázaro Cárdenas litiga contra su incorporación a este nuevo municipio.

Ante esta situación, el Instituto Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas abrió expedientes y, a inicios de noviembre, envió oficios al rector de la UAIM, Jesús Rodolfo Cuadras Sainz, y a la alcaldesa de Juan José Ríos, Evangelina Llanes Carreón. En ellos, les recuerda que la labor de los defensores no solo visibiliza la problemática estructural de las comunidades mayo-yoreme, sino que fortalece principios de igualdad, justicia social y diversidad cultural reconocidos en la ley y en tratados internacionales. Les insta, además, a prevenir cualquier acción de sus funcionarios que ponga en riesgo la vida, la integridad o el derecho a defender derechos humanos.

La ofensiva no proviene de una sola empresa. A la presión se ha sumado Transition Industries LLC —responsable del proyecto Pacífico Mexinol— cuyos actos buscan tres objetivos: romper el tejido comunitario, intimidar a la población y, con apoyo de autoridades, instaurar una impunidad que les permita avanzar. Sus contratistas, entre ellos la japonesa Mitsubishi Gas Chemical, ya operan dentro del campo pesquero de Paredones intentando comprar terrenos, rentar casas y construir bodegas, mientras afirman que su planta de metanol tendrá impactos “mínimos”. Evitan mencionar que sus tres chimeneas emitirán anualmente 700 toneladas de óxidos de nitrógeno, un gas altamente dañino que se dispersará hasta 18 kilómetros.

La comunidad topeña ya sufre las emisiones de la termoeléctrica de la CFE; con este proyecto se sumarían, en términos prácticos, dos termoeléctricas más ó el equivalente de respirar cuatro veces más de lo que generan las 13 mil motocicletas registradas en Ahome. Los datos son consignados en el capítulo III, IV y V del propio estudio de la empresa.

Pese a estos riesgos, la empresa pretende eludir la Consulta Indígena obligatoria establecida en su propia autorización ambiental. Y mientras tanto, en los tribunales siguen vigentes los recursos legales: los yoremes no han sido vencidos en el juicio por la segunda autorización de Semarnat otorgada sin su consentimiento, ni GPO ha podido justificar la ocupación ilegal de la Zona Federal Marítimo Terrestre. También está pendiente la resolución de la Sala Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre la nulidad de dicha autorización.

Por todo ello, lo más urgente es que se suspendan las obras aceleradas antes de que la justicia termine por volverse irrelevante.

Las preocupaciones de la ONU no son menores. La misiva más reciente está firmada por once relatores especiales de derechos humanos —desde relatorías en pueblos indígenas hasta medio ambiente, agua, salud, discriminación, cultura, libertad de expresión y defensores de derechos humanos—. La última vez que México recibió una advertencia similar fue en 2020 por el Tren Maya, firmada entonces por solo seis relatores.

Como integrante del Colectivo Ecológico ¡Aquí No! a la Planta de Amoniaco —conformado por académicos, investigadores científicos, cooperativas pesqueras, organizaciones civiles, restauranteros, prestadores turísticos y comunidades indígenas— hago un llamado respetuoso pero firme al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: cumpla con las medidas solicitadas por los relatores de la ONU y honre las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

Topolobampo no merece convertirse en un laboratorio de violencia, impunidad y devastación ambiental para beneficio de empresas petroquímicas.
Aquí no. Tampoco allá.
Ni ahora, ni nunca.