Transparencia y Anticorrupción: Retos para el Congreso de Sinaloa.

Por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

El pasado 30 de septiembre, el Congreso del Estado de Sinaloa inició su segundo año de ejercicio constitucional. Sin embargo, su comienzo se da frente a un escenario que exige mayor contundencia y compromiso en materia de transparencia y combate a la corrupción.

En materia de transparencia, es importante que el Poder Legislativo brinde certeza jurídica respecto al futuro del derecho al acceso a la información (DAI) en la entidad. Esto ya que, a partir del modelo federal de transparencia, se pretende que las funciones de CEAIP recaigan en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) del poder ejecutivo, sin embargo desde sociedad civil estamos pugnando para que se abra el diálogo y se de, bajo un mecanismo de parlamento abierto, la opción más idónea para transitar de un modelo a otro. Si algo ha quedado en evidencia es que la STRC es la dependencia menos apta para asumir tal responsabilidad debido a su alta carga de trabajo como contraloría. No solo se trata de asumir nuevas funciones, sino de garantizar y proteger un derecho como lo es el del acceso a la información.

Por otra parte, en materia anticorrupción se destaca que a partir de que la Comisión de Selección concluyó sus labores para las cuales fueron designados en 2022 tras designar el pasado 20 de septiembre a César Valenzuela, como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), queda pendiente la integración de la siguiente Comisión de Selección la cual estará en manos de la actual 65 Legislatura.

Esto no es cosa menor, pues recordemos que la Comisión de Selección es la piedra angular para que opere el SEA; sin comisión de selección, no hay CPC y sin CPC tendremos un SEA acéfalo. Si algo podemos presumir a nivel nacional es que Sinaloa, desde la conformación del SEA, ha contado con dos Comisiones de Selección (2018 y 2022) las cuales han permitido que al día de hoy contemos, aún y con sus cosas buenas y no tan buenas, con un CPC completo y un Sistema Anticorrupción que opera y se coordina.

Situación contraria a nivel nacional, cuyo CPC está incompleto al tener a tres de sus cinco integrantes a causa de la omisión del Senado de la República para nombrar a la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta situación no debemos permitir que permée en lo local, pues continuar con esta ola de omisiones se estaría apostando a una muerte lenta de los Sistemas Anticorrupción.

Recordemos que en Sinaloa estamos viviendo un momento clave para la rendición de cuentas, pues por primera vez, el CPC estatal dio un paso firme y cumplió con su función al emitir un exhorto público para exigir respuestas a la titular de la STRC respecto al posible uso irregular de los recursos públicos señalados en una investigación periodística y que posibilitó que la Auditoría Superior del Estado iniciara una investigación de oficio. Esta acción marca un precedente importante: cuando la sociedad civil y los órganos ciudadanos se atreven a señalar, las instituciones tienen menos margen para evadir su responsabilidad.

El reto ahora es mantener la presión y la vigilancia ciudadana para que estos procesos no se queden en letra muerta. La transparencia y la lucha anticorrupción en Sinaloa no pueden depender solo de la voluntad política: requieren instituciones que cumplan, un Congreso que responda y una sociedad civil que exija.