Un día sin policías en Culiacán

En realidad son 8 días, cumplidos el miércoles 2 de octubre, lo que ha generado una ola de delincuencia en Culiacán no vista en muchos años, además de una revaloración de la labor policial que merece la pena discutir.

Fue el 25 de septiembre anterior cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), adscritos a la Novena Zona Militar, acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), en Culiacán, para desarmar a todos los elementos y cumplimentar una revisión de sus armas, lo que ocasionó que desde ese día las y los policías estén desarmados y, por consiguiente, fuera de las calles de la ciudad y de las comunidades rurales.

La ola de robos a comercios, viviendas, saqueos, asaltos, despojo de vehículos e incluso rapiña de camiones expendedores de productos, puede atribuirse a la carencia de elementos que patrullen las calles e inhiban el delito, independientemente de la otra era de violencia por la que atraviesa la entidad desde hace casi un mes.

Tengan o no correlación los delitos del fuero común con los de alto impacto y con la tensión violenta que Sinaloa experimenta desde inicios de septiembre, es pertinente cuestionarse qué tan justificable, e incluso permisible, es desarmar a toda una corporación de seguridad para investigar anomalías en el uso del armamento, corrupción o cualquier otra sospecha. El hecho de despojar a una ciudad como Culiacán, con un millón de habitantes, de su policía municipal y de tránsito en términos sociales tiene un costo mayor que la misma corrupción al interior de las corporaciones.

No es razonable que una ciudad compleja como la capital del estado carezca por más de una semana de su policía, que por una investigación de instancias federales se les desarme por completo y con ello se invite a delincuentes a saquear, robar o asaltar. Desde el despojo de vehículos hasta el robo de un par de charolas de refresco a un repartidor, como ocurrió ayer, el mensaje de un vacío de autoridad es claro.

Más de mil elementos desarmados en las calles no representan una fuerza que previene o combate el delito, y es por eso que resulta innecesaria su salida de los cuarteles, además de que al saberse que están desarmados también podrían ser víctimas de ataques.

Por todo lo anterior merece la pena reflexionar qué tan pertinente es desarmar a toda una institución policiaca, en un municipio cuya vocación es violenta y que, además, atraviesa por una confrontación criminal que mantiene a la población hacinada en sus viviendas, con altos costos psicológicos, sociales, comerciales, turísticos y productivos.

Vivimos en una ciudad sin policías, como si se tratara de una ficción distópica en donde el caos se apodera de la vida social y se inserta en la mente de las personas para generarles miedo, ansiedad y una agorafobia voluntaria. Así como no es posible vivir encerrados para evitar ser víctimas de delitos tampoco lo es habitar una urbe sin policías, ya que es una labor esencial del Estado Nación otorgar seguridad a sus habitantes, las garantías de movilidad y el cuidado de su patrimonio. Desarmar a la policía y recluirla en sus cuarteles es fallar a esa obligación del Estado, dejando a merced de la delincuencia a las y los ciudadanos.

Hay otro factor que dentro de esta vorágine de miedo y delitos es necesario considerar y que podría generar un replanteamiento de lo que se piensa sobre la policía. Es del discurso común, del pensamiento social habitual, que se considere a las y los elementos policiacos como corruptos, ineficientes o que trabajan para muchos intereses pero no en el cuidado de las y los ciudadanos. Bueno, si fuera así del todo ¿por qué la ciudad experimenta una ola de delitos del fuero común que antes no era tan agresiva? De una u otra forma la policía es un elemento disuasivo, una manifestación del brazo armado del Estado.

Debemos comprender que las corporaciones policiacas actúan con base en las órdenes de políticos insertos en puestos públicos de toma de decisiones, y cuyos intereses en ocasiones contravienen el sentido del bienestar o del cuidado social, y por eso es común que las y los policías sean enviados a reprimir a la misma ciudadanía a la que sirven cuando se altera el “orden público”, aunque no alcancemos a dimensionar qué significa eso.

Una policía que disuelve una movilización social usando la fuerza, que extorsiona o amenaza en retenes o puntos de revisión arbitrarios, no lo hace porque quiera molestar a la ciudadanía, sino en obediencia a las órdenes e intereses de quienes dirigen los municipios o los estados en los distintos tiempos. De esta forma las y los elementos policiacos son violentados por una superioridad que les ordena intervenir en la ciudadanía de forma hostil, padecen de una baja calificación social por su desempeño, y además laboran en condiciones de precarización.

Revalorar la labor policiaca no creará súbitamente elementos incorruptibles con plena vocación de servicio, pero tampoco ayuda sobre exponerlos a realizar su trabajo en condiciones de desventaja mayores a las que cotidianamente se enfrentan, con unidades y armamento superado cien veces por la delincuencia.

No todos los policías son corruptos, hostiles, arbitrarios o ineficientes, y tampoco no todos tienen verdadera vocación de servicio, ya que esta debe construirse con la aprobación ciudadana, con buenas condiciones de desarrollo profesional como salarios dignos y prestaciones sociales, con capacitación y asistencia psicológica, entre otras ayudas que debería tener una corporación destinada a cuidar a las personas y a sus pertenencias.

Desarmarlos también los afecta a ellos, y aunque seguramente esa acción obedece a intereses legítimos, generalizar una sospecha hacia todos los elementos les afecta a ellas y a ellos, pero, con mayor fuerza, a la ciudadanía de grandes ciudades como Culiacán.

No es posible tener una ciudad sin policías, sin importar si son eficientes o no. No debe paralizarse el trabajo de una corporación completa porque además de la desatención ciudadana que genera se incumple con la función esencial del Estado de proteger a las personas, sus pertenencias y sus formas de subsistencia.