Una necesaria denuncia

A todos les consta que hay una campaña que pretende manchar mi prestigio personal. A todos les consta que esa aventura pervive por varios meses. ¿Afectó intereses creados en Sinaloa mi llegada a la CEDH? Hagamos un recuento de hechos relacionados: comparecimos ante el Congreso del Estado ocho aspirantes y sólo yo tuve que soportar la presencia de un provocador, ¿quién lo envió? Todos sabemos que ese tipo de trabajos no se hacen de manera gratuita. Formo mi equipo de trabajo y sale otro pretexto para exigirme que despida a una de mis colaboradoras. Exigencia que se convierte en acoso de parte de quienes aplaudieron al provocador en el Congreso. Y no pararon en presiones directas y hasta en llamadas telefónicas, en una de las cuales presumen que yo emití una amenaza personal.

Se presentó denuncia penal y una queja en mi contra en la misma CEDH. La primera debe resolverla la Fiscalía General del Estado y la segunda fue enviada a la CNDH para que no se especulara que había conflicto de interés si se resolvía aquí. La denuncia penal incluía la protección de seguridad para quien denunció y me instruían para que no me acercara físicamente a la persona denunciante. Y durante las semanas siguientes se desarrollan sendas actividades que implican la toma de las oficinas de la CEDH, impidiendo el funcionamiento normal de la institución y afectando el derecho de la ciudadanía a presentar quejas. Quien dirige las acciones en mención es la persona que solicita que no tenga acercamiento físico con ella. Es ella la que busca estar en mi centro de trabajo. Se realizan pintas en contra de mi persona y llevan pancartas con un contenido ofensivo.

Si lo que se busca es que la denuncia presentada sea resuelta, ¿por qué las manifestaciones son ante la CEDH y solo se visita a la FGE por excepción? Con esas acciones no se puede ocultar que atrás de ello hay intenciones de personas que pretenden dañar prestigio e imagen pública. Los que van a los plantones y quien los encabeza son mandados, obedecen a intereses de terceros. El interés es político: es hacer daño a mi persona y a la Institución que represento. Desde ese punto de vista quizá lo importante no es que la denuncia sea resuelta, sobre todo si están conscientes de que la querella no tiene los elementos contundentes para que sea judicializada, sino la oportunidad de hacer escándalo público. Porque siendo servidores públicos o ex servidores públicos los que toman oficinas, no manifiestan en los hechos confianza y respeto en las instituciones.

Creo en las instituciones, porque le han costado muchas vidas, cárceles y persecuciones al pueblo mexicano. Y porque son ellas las que deben resolver los conflictos y diferencias que se presenten al seno de la sociedad y aún entre servidores públicos. Pueden tener errores o fallas, pero es tarea nuestra perfeccionarlas. Quien juegue a las presiones como recurso primero y último para “resolver” problemas, desnuda sus intenciones por más que las adorne de supuestas demandas de justicia.

No quiero teorizar sobre los recursos económicos que cuesta movilizar de manera permanente a un grupo de personas, más cuando hay que transportarlos a otras ciudades en busca del mismo objetivo: el escándalo. Sin embargo, llaman la atención dos cosas: la cantidad de dinero invertida en más de dos meses de movilización y el origen del mismo. Sobre todo, si son dineros de procedencia pública. Espero equivocarme, pero tanta insistencia termina sembrando dudas.

He recibido una amenaza a mi integridad física y moral el pasado día martes 15 de julio y no pienso ignorarla como si no pasara nada. Hay un entorno de violencia muy preocupante en la ciudad de Culiacán, a la que hay que sumar la campaña mencionada que pretende tocar prestigio y presencia social de mí persona. No me cruzaré de brazos. He soportado de manera estoica semanas interminables de calificativos y de un discurso de odio que está creando las condiciones para agresiones de alto calado. Lo que ya inició. Y he puesto una denuncia penal ante la FGE.

No estoy lleno de temores, pero tengo la certeza de lo que puede pasar. ¿Qué piensan mis conciudadanos si entre los antecedentes personales está el haber perdido a cuatro compañeros en la lucha por los derechos humanos? La memoria popular tiene presente los casos de Jesús Michel, Norma Corona, Jorge Aguirre y Sandra Luz Hernández. Y lo que todo ello nos grita a voz en cuello es que esto no es un juego. Quien realizó la amenaza y quien la haya promovido debe comparecer ante la autoridad competente. Y ante las realidades que enturbian el horizonte cercano, solicito protección de la autoridad.

Conozco los riesgos de ser un defensor y promotor de la cultura de los derechos humanos. Tengo más de medio siglo en el activismo de defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y por todo ello, también sé que los ataques no sólo afectan a mi persona, sino a un dilatado trabajo en favor de los derechos humanos, pues en esas décadas de lucha hemos logrado una amplia legislación en favor de los derechos humanos. Reitero mi vocación humanista y mi compromiso de no renunciar a esta noble inclinación, pero alerto a la sociedad por el riesgo que ahora enfrento con la amenaza que menciono. Y convoco la solidaridad ciudadana. A todos nos consta que quienes agreden a los defensores de derechos humanos ofenden a la sociedad a la que se deben esos luchadores. Vale.

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