Colectivos de búsqueda piden que quien gobierne Sinaloa priorice la crisis de desapariciones, atienda a víctimas y fortalezca las búsquedas.
Vanessa Beltrán
Colectivas protestaron en Sinaloa tras dos negativas del Registro Civil de Mazatlán para reconocer legalmente a una niña con dos madres.
A un año del asesinato de Jorge, su madre sigue sin recibir seguro de vida, pensión ni información sobre la investigación del crimen.
Tras las exhumaciones, la fosa común del panteón 21 de Marzo quedó sin cruces ni referencias visibles para ubicar cientos de cuerpos.
Vianney buscó durante dos años a su hijo Ángel, aunque su cuerpo permanecía en el Semefo desde seis días después de su desaparición.
La promesa de exhumar 500 cuerpos quedó detenida en 57. Ocho meses después, no hay identificaciones ni fecha para continuar.
Las autoridades cierran las investigaciones cuando una persona aparece con vida, aunque no se esclarezca quién la privó de la libertad.
Para las buscadoras, este crecimiento no es casualidad, sino también un efecto de la magnitud de la incidencia del delito.
A seis meses del hallazgo de las fosas de El Verde, las autoridades han identificado a buena parte de las víctimas.
El agua también guarda respuestas sobre los desaparecidos, pero hallarlas implica enfrentar corrientes, riesgos y falta de recursos.
