Si las instituciones y quienes las presiden ignoran la emergencia de unir a la sociedad en esta crucial batalla cívica, entonces estarán en evidencia las omisiones que aportan para que la narcoguerra continúe.
EDITORIAL
Rocha Moya debe asumir la obligación que el desempeño del cargo le determina, de gobernar para todos de manera receptiva e incluyente.
Ante tantas alarmas encendidas en Sinaloa, el gobernador Rocha hace lo correcto al tocar puertas en la federación que corrijan omisiones o abandonos de consecuencias devastadoras.
El Ayuntamiento de Mazatlán y el Gobierno de Sinaloa estarían involucrados en este hecho, por acción u omisión, si de inmediato no toman las medidas y aplican las acciones legales que derivan.
Desidia o ineptitud de los parlamentarios sinaloenses, la verdad es que no sacan adelante al estado y lo que le asestan es otro empujón hacia el colapso.
La realidad expone que el fortalecimiento a la estrategia de combate a la violencia con visión de construcción de paz duradera tiene que ser la prioridad que abracen el gobernador Rubén Rocha Moya y la 65 Legislatura del Congreso del Estado.
Si el acoso alcanzó a la presidenta Sheinbaum ¿en qué nivel de afectación estarán millones de mujeres de comunidades urbanas, rurales e indígenas en desamparo y legal e indiferencia gubernamental?
Lo avanzado es poco ante la devastación y atrocidad derivadas de casi 14 meses de choque frontal entre células del narcotráfico y el impacto propio de incertidumbres de tipo social, económica y política.
La indignación que mostró hoy la presidenta por los sucesos de Uruapan, irritación extensiva a todo el país, debe ser punto de partida para que el Estado haga más en la tarea de reponer la seguridad y legalidad.
La Fiscalía de Sinaloa puede resaltar con la debida investigación que detecte y ponga a disposición de la justicia a los que operaron este cargamento humano en el barco fantasma que cruzaba el Mar de Cortés.
