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LEY “3 DE 3” PRO CORRUPCIÓN | Exprésate para que Peña Nieto la rechace

El veto presidencial es la última oportunidad que queda a los mexicanos para que no entre en vigencia la llamada “ley matizada” o “ley descafeinada” que aprobó el Senado dejándole varias puertas abiertas a la corrupción, en vez de atender el “¡ya basta!” que más de medio millón de ciudadanos firnaron. En contra de la […]

El veto presidencial es la última oportunidad que queda a los mexicanos para que no entre en vigencia la llamada “ley matizada” o “ley descafeinada” que aprobó el Senado dejándole varias puertas abiertas a la corrupción, en vez de atender el “¡ya basta!” que más de medio millón de ciudadanos firnaron.

En contra de la exigencia ciudadana formulada a través de la “Ley 3 de 3”, el reciente 15 de junio las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México aprobaron en el Senado de la República la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que deja al criterio de los funcionarios de Gobierno hacer públicas o no las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

De última hora, la Cámara aprobó reservas presentadas por el legislador sinaloense Manuel Cárdenas Fonseca, que determinan que “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. Es decir los actores obligados podrán decidir si dan a conocer o mantienen en secreto esa información.

corrupción no

Se reformó también el texto original de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para obligar  a los particulares a presentar dichas declaraciones ante el órgano interno de la entidad pública que le haya asignado los recursos o con los que haya contratado obras y/o servicios.

A raíz de lo anterior, organizaciones empresariales, partidistas, sociales, de transparencia y cuerpos legislativos han solicitado al presidente Peña Nieto que ejerza el derecho a veto y no decrete la ley hasta que considere la obligatoriedad—contenida en la iniciativa popular que fue respaldada por 634 mil 143 mexicanos—de los servidores públicas de dar a conocer, al asumir cargos de gobierno, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Como una iniciativa para mostrar el rechazo ciudadano a lo aprobado por el Congreso de la Unión, te invitamos a firmar una petición a través de change.org solicitando al presidente Enrique Peña Nieto el veto de la misma.

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