Gobierno

Sí al juicio político contra Estrada Ferreiro, pero con transparencia legislativa y judicial

Si existen las justificantes legales y las demandas ciudadanas para que el Congreso proceda contra el alcalde de Culiacán ¿qué caso tiene acudir a la secrecía que la ley permite siendo que la transparencia debe prevalecer como factor de legitimización?

FOTO: Facebook Jesús Estrada Ferreiro.

FOTO: Facebook Jesús Estrada Ferreiro.

La decisión del Congreso del Estado de iniciar el procedimiento de juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, representa una buena oportunidad en cuanto al precedente a sentar para que los servidores públicos hagan de la función pública el máximo esfuerzo en bien de los ciudadanos, al margen de apetitos políticos, intereses personales y grupales o actitudes que entorpecen los legítimos quehaceres del gobierno.

Sin embargo, la 64 Legislatura en funciones también debe ser ejemplo del adecuado trabajo parlamentario para que los culiacanenses tengan absoluta claridad de por qué se le instaura al presidente municipal el procedimiento que establece la Constitución para destituirlo del cargo. Esto significa que de proceder la causa habrá moralejas muy enérgicas contra funcionarios que defraudan a la sociedad y que, en caso de no acreditarse debidamente los delitos acusados, el hecho incitará la burla pública.

La aprobación de juicio de procedencia se sustenta en tres motivos que al parecer sí incurren en alteración del marco jurídico por parte de Estrada Ferreiro: desobediencia a recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; rebeldía a lo establecido por el Congreso para que apliquen descuentos de 50 por ciento en impuesto predial y consumo de agua potable a personas adultas mayores y discapacitadas, y rechazo a lo mandatado en la Ley de Seguridad Pública sobre la homologación al sistema de pensiones para policías municipales.

Pero la falla podría estar en que la Cámara local pretenda manejar es juicio político a través de la opacidad y en los sótanos del palacio legislativo, lo cual da elementos a la ciudadanía para sospechar de otros fines distintos a los de hacer valer el Estado de derecho.

Si existen las justificantes legales y las demandas ciudadanas para que el Congreso proceda contra el alcalde de Culiacán ¿qué caso tiene acudir a la secrecía que la ley permite siendo que la transparencia debe prevalecer como factor de legitimización?

Todos los partidos políticos tienen la obligación de sincronizarse al hacer valer la ley, y además ser impulsores del acceso a la información para que la labor legislativa del juicio político sea minuciosamente observada por los sinaloenses. Esto es lo crucial para que ningún servidor público tenga duda de que el Poder Legislativo lo hizo bien en su encomienda de poner la Constitución muy por encima de cualquier tentación por la arbitrariedad y la transgresión.

COBERTURA ESPECIAL | ESTRADA FERREIRO A JUICIO POLÍTICO

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