El otorgamiento sin licitar de 400 millones de pesos destinados a la compra de luminarias para el alumbrado público de Mazatlán llama la atención de organismos cívicos e instituciones de combate a la corrupción que consideran que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres violó disposiciones en materia de adquisiciones, transparencia y austeridad.
Se trata de la compra de 2 mil 139 lámparas, con un costo de 187 mil 400 pesos cada una, que bajo el argumento de que la empresa Azteca Lighting es la única fabricante se le asignó el contrato en sesión secreta del Comité de Adquisiciones. La misma negociación se ha convertido en la proveedora preferida del gobierno municipal de Benítez Torres, con beneficios por más de 500 millones de pesos.
La investigación que sacó a la luz pública este trato sospechoso y opaco la realizó la organización Observatorio Ciudadano de Mazatlán, mientras que a la exigencia de transparencia se han sumado la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa y el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. Aparte de contravenir normas de rendición de cuentas estatales y municipales, el pago por las luminarias se considera muy por encima de los costos que ofrecen otros fabricantes.
El alcalde de Mazatlán es otro de los políticos del Movimiento Regeneración Nacional que realizan un arbitrario desempeño del cargo creyendo que cuentan con la protección del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así se trate de acciones ilegales que afectan las finanzas municipales.
Todavía los mazatlecos y organismos de la sociedad le reclaman a Benítez Torres el hecho de acceder a pagarle al grupo ARHE 141 millones de pesos, que incluye la entrega de bienes municipales, por indemnización del caso Nafta que anteriores administraciones del Ayuntamiento no accedieron a concretar.
Durante la era de transparencia y en el gobierno federal que despliega a diario la bandera del combate a la corrupción este tipo de negocios entre los municipios y sus proveedores tendrían que hacerse bajo el riguroso escrutinio ciudadano y de los mecanismos de transparencia para que las obras sean doblemente confiables: el dinero bien cuidado peso por peso y con el aval de la rendición de cuentas.
Precisamente por marcar distancia de ambos requisitos, el alcalde de Mazatlán debe ser investigado y sancionado al margen de las influencias e impunidad de las que frecuentemente hace alarde.
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