La Fiscalía General de Sinaloa solicitó al legislativo local juicio de procedencia contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, confirmó a ESPEJO el Congreso del Estado de Sinaloa.

En la solicitud, la cual deberá ser revisada por la Comisión Instructora, se detalló que hay tres expedientes donde se involucra al presidente municipal de Culiacán, dos por casos de presunta corrupción y uno más por abuso de poder y discriminación.

La solicitud de un juicio de procedencia es para que el Congreso local pueda desaforar al alcalde y se le someta a un proceso penal.

Uno de los expedientes por corrupción establece que hay una presunta responsabilidad de Estrada Ferreiro, así como del secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo y de la tesorera Issel Guillermina Soto González por un contrato otorgado por adjudicación directa.

“Se han iniciado carpetas de investigación por hechos probables de corrupción de manejo de recursos del Ayuntamiento del municipio de Culiacán“, dijo Nereyda Avilés Aceves, Fiscal anticorrupción de Sinaloa el 24 de mayo.

En ese expediente se detalla una presunta triangulación de dinero, donde participó una empresa, la cual habría recibido el dinero y subcontratado a otras más consideradas fantasma. Estas empresas estarían ligadas a familiares o personas conocidas de los funcionarios del Ayuntamiento.

En sí, en esa carpeta de investigación se señalaron los delitos de peculado y lavado de dinero.

La carpeta de investigación sobre abuso de poder y discriminación fue tras una denuncia interpuesta por el grupo de viudas de policías.

El grupo señaló que el alcalde de Culiacán las maltrató y evitó en distintas ocasiones el bloquear su derecho a recibir una pensión conforme se estableció en la última reforma a la Ley de Seguridad Pública.

Mientras corre la solicitud de juicio de procedencia, se mantiene también el proceso de un juicio político, el cual sigue en integración por la Comisión Instructora.

Para el juicio de procedencia, hay un plazo de cinco días hábiles para que la asamblea del Congreso se entere y luego de eso se tendrá hasta 30 días para que la Comisión Instructora emita un dictamen.

Este caso se expondrá en el Pleno y se deberá votar, si la Cámara lo decide se podrá desaforar al alcalde para que pase por un proceso penal.