“Búsquense un mayate para que las mantenga”, “Cásense otra vez para que las mantengan”, “son unas ignorantes”, “No tiene por qué mantener el Ayuntamiento a viudas de policías”, “Por qué se dejan mangonear”, estos fueron algunos comentarios por los que Jesús Estrada Ferreiro fue requerido para una audiencia ante el juez Adán Alberto Salazar Gastélum.

Fue la misma Fiscalía General del Estado quién vinculó la demanda colectiva de un grupo de 49 viudas de policías. Los delitos que se le imputan en esta ocasión al ex alcalde de Culiacán son por discriminación y abuso de autoridad.

Y son justo agentes del Ministerio Público los asesores jurídicos, es decir, los abogados de este grupo de mujeres quienes formularon las imputaciones ante el juez. Los defensores dieron a conocer que lo que se busca es que las víctimas tengan derecho a la verdad, a la justicia, así como a la reparación del daño.

Durante el relato cronológico de los hechos, los abogados de las víctimas explicaron que las declaraciones anteriores de Estrada Ferreiro se realizaron el pasado 10 de septiembre de 2021, cuando las implicadas llevaban a cabo una manifestación afuera del Ayuntamiento para exigir la homologación de las pensiones correspondientes.

En ese momento, de acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía, Estrada Ferreiro se reunió en el salón del Cabildo con una comisión de siete viudas de policías, lapso en que presuntamente lanzó dichos comentarios. Mientras tanto, los abogados del acusado argumentaron que la discriminación no es un delito.

Los abogados de las víctimas buscan que Estrada sea vinculado a proceso por la imputación de abuso de autoridad: “Por no acatar la orden del decreto se cae en abuso de autoridad”, acusaron.

Se refieren a la reforma que hizo el Poder Legislativo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para que los ayuntamientos homologuen las pensiones de las viudas de policías, legislación que el ahora ex presidente municipal de Culiacán impugnó hasta el último día que de su administración, tras ser desaforado a solicitud de la Fiscalía General del Estado.

A petición expresa del juez para que intervenga, Jesús Estrada Ferreiro se remitió a su derecho a no declarar, no sin antes expresar que las acusaciones y la cronología de los hechos son confusas e inciertas; “quieren enredar”, acusó frente al juez.

Los agentes del Ministerio Público mostraron otra serie de pruebas para lograr auto de vinculación contra Jesús Estrada Ferreiro, como la denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el ciudadano Mario Eduardo Rodríguez Cato, luego de sentirse ofendido por declaraciones públicas hechas por el acusado contra el colectivo de viudas de policías.

“No hay perro sin dueño y todos tienen dueño”, expresó en ese momento Estrada Ferreiro en una entrevista con la comunicadora Graciela Cueto.

Posteriormente, los representantes legales de las viudas solicitaron al juez medidas cautelares contra el acusado como presentarse cada 15 días en la Fiscalía a firmar, esto con el propósito de que no salga del país, como el día que se realizaba la sesión de su desafuero en el Congreso del Estado.

Pidieron también que el juez prohibiera que Jesús Estrada Ferreiro tenga algún tipo de acercamiento o comunicación de ningún tipo con alguna de las 49 viudas de policías.

De igual forma, que evite declarar públicamente sobre el tema en sus redes sociales o ante los medios de comunicación, en específico, que no haga alusión a ninguna del colectivo de viudas de policías, esto para que no dañar más la dignidad de las víctimas presentes en la audiencia.

Luego que los defensores de las viudas de policías terminaron de relatar las imputaciones para acreditar los hechos, los abogados de Jesús Estrada Ferreiro pidieron 144 horas para preparar bien su defensa.

Por lo pronto, el juez Adán Alberto Salazar Gastélum solo aceptó la medida cautelar para que Jesús Estrada Ferreiro se abstenga de comunicarse con las víctimas, ni hablar sobre ellas, precisando que esto no cuartaría su libertad de expresión, ya que está de por medios los derechos humanos de las implicadas.

Ante esta solicitud, el juez programó una segunda audiencia para el siguiente 28 de junio a las 10:00 horas en la sala A de la sede regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral zona centro.