Ayuntamientos

Rechaza la Corte el desistimiento de la controversia por homologación de pensiones

Con este recurso, el Ayuntamiento de Culiacán pretendía dejar sin efecto la controversia en contra de la reforma a la Ley de Seguridad Pública sobre la homologación de pensiones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el recurso legal que presentó la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán, María del Rosario Valdez Páez, para desistirse de la controversia constitucional en contra del Decreto 645 que reforma la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa sobre la homologación al sistema de pensiones.

La notificación de la Corte, fechada el 11 de julio, recuerda que la controversia constitucional (109/2021) se admitió a trámite el 17 de septiembre de 2021, en contra del Decreto número 645, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, específicamente, los artículos 34, fracción I, 35, párrafo cuarto, 37 último párrafo, 41, 44 bis, así como los transitorios segundo y tercero.

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Sin embrago, en la respuesta de la SCJN se detalla que el sobreseimiento solo procederá cuando la parte actora -en este caso la Síndica Procuradora a nombre del Ayuntamiento de Culiacán- se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales.

Y añade que:

“el desistimiento de la demanda de controversia constitucional únicamente procede respecto de actos concretos, por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad el desistimiento de la demanda solicitada por la Síndica Procuradora del Municipio”.

Más detalles del desistimiento

Fue el 15 de junio, durante la primera sesión que presidió el alcalde sustituto Juan de Dios Gámez, cuando el cabildo acordó desistirse de las dos controversias constitucionales interpuestas a instrucción del desaforado exalcalde Jesús Estrada Ferreiro, acciones por las que fue llevado a juicio político.

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Una de las controversias, la 109/2021, busca eliminar el pago homologado a las viudas de policías en Sinaloa, mientras que la otra (58/2022) pretendía inaplicar la Ley que garantiza descuentos en el agua potable a adultos mayores y personas discapacitadas.

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