Administración Pública

¿Justicia selectiva? Los que aplican la ley hacen como que no ven las denuncias contra “El Químico”

Mientras Jesús Estrada Ferreiro enfrentó un juicio político en tiempo récord, “El Químico” Benítez parece gozar de total impunidad

En las denuncias, auditorías, desvío de recursos públicos y desempeño irregular de puestos de gobierno que se acumulan contra el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, los órganos de investigación y sanción debieran actuar en los plazos adecuados porque el tiempo que se les da de impunidad a funcionarios que incurren en delitos repercute en más dilapidaciones e inestabilidad en perjuicio de los ciudadanos.

A diferencia del manejo del caso Jesús Estrada Ferreiro, el ex alcalde de Culiacán que en tiempo récord enfrentó el juicio político que lo destituyó del cargo, al edil mazatleco se le conceden una serie de dispensas, prerrogativas y simulaciones que alimentan la conjetura de que la justicia actúa bajo consignas políticas donde unos reciben todo el peso de la ley por la vía fast track, y otros disponen de exenciones pactadas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

A la cadena de actuaciones ilícitas de “El Químico” le agrega Observatorio Ciudadano de Mazatlán, el organismo ciudadano de combate a la corrupción, que desde que asumió el cargo en noviembre de 2018 dispuso de 1.6 millones de pesos para realizar 51 viajes nacionales y al extranjero, sin justificar fehacientemente los beneficios que esto le reditúa a los gobernados.

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Siendo así, mientras el municipio de Culiacán recibe condiciones para restablecer la gobernabilidad y reponerle a la población el tiempo que se desperdició en reyertas políticas, en Mazatlán son retrasados los instrumentos legales frente a las denuncias acumuladas, entre éstas el contrato para adquirir luminarias con un costo de 400 millones de pesos otorgado al margen de las legislaciones en materia de adquisiciones, transparencia y desempeño del servicio público.

La táctica de dejar pasar, dejar hacer, les costó enormes desatenciones a los sinaloenses al quedar en último término sus requerimientos de mejores condiciones de vida debido a que los gobernantes estaban entretenidos en intereses personales, de cuotas y cuates, sabiendo que tenían garantizada la impunidad.

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¿Estamos volviendo a ese punto de “aplíquese la ley sólo a los bueyes de mi compadre”, donde los amigos del gobernador en turno son intocables y los contrarios reciben escarmientos implacables?

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