Si el caso de las luminarias opacas de Mazatlán ha ido de absurdo en absurdo, como el hecho de designar al principal acusado, Luis Guillermo Benítez Torres, como secretario de Turismo, el colmo de la desfachatez es que el exalcalde esté integrando como colaboradores de la dependencia estatal a quienes fueron funcionarios municipales y están en calidad de presuntos responsables del expediente Azteca Lighting.

Está corriendo al revés la acción de la ley en la carpeta de investigación por la compra irregular de lámparas para el alumbrado público de Mazatlán por un monto de 400 millones de pesos, porque sin esperar a que la Fiscalía General del Estado determine la situación de los involucrados se procede a premiar a éstos incorporándolos a cargos de gobierno.

Siendo así, mientras nueve personas que formaron parte de la administración pública que encabezó Benítez Torres son citadas a la Fiscalía por probable participación en la adquisición ilegal de las luminarias, el exalcalde integra a la Secretaría de Turismo, la cual preside, a excolaboradores, entre éstos a Nayla Velarde Narváez, ex Oficial Mayor, quien presidió el Comité de Adquisiciones que aprobó la compra de 2 mil 139 luminarias y por ello está siendo investigada.

Al desorden administrativo que reinó en Mazatlán durante casi cuatro años se le agregan los adeudos que dejó “El Químico” por el orden de los 268 millones de pesos, según información proporcionada por el actual Tesorero Municipal, Melesio Montoya Peinado. Súmese el anticipo de 130 millones de pesos en recursos públicos correspondientes a 2023 que el alcalde Edgar González le solicita al Gobierno del Estado para saldar compromisos de fin de año, entre éstos el pago de aguinaldo a los trabajadores del Ayuntamiento.

A Benítez Torres se le está otorgando un trato privilegiado que anuncia la inminente protección de la Fiscalía y tribunales para que la impunidad lo beneficie a él y demás denunciados por la compra anómala de luminarias.

El gobernador Rubén Rocha Moya justifica la protección a “El Químico” en la figura de presunción de inocencia que tiene bastante peso en el nuevo sistema de justicia penal y que no hace diferencia con el término de presuntos culpables que por el buen desarrollo de la investigación amerita mantener a los sospechosos alejados de la función pública.