Sinaloa.- Al inicio de la administración del gobierno de Mario López Valdez todavía ninguna autoridad ponía el radar sobre lo que se convertiría en un fenómeno de salud pública unos años después en el estado: la alta siniestralidad vial derivada de la manera de conducir de los sinaloenses.
El tema de la seguridad vial ni siquiera estaba en la agenda pública, pero ya había un ciudadano que desde la sociedad civil comenzaba a picar piedra para que se tomaran en cuenta algunas medidas preventivas con el fin contrarrestar los cientos de accidentes de tránsito mortales que se registraban en la entidad.
En una ocasión Ramón Palacios acudió con el entonces secretario de Salud el Estado, Ernesto Echeverría Aispuro, con la idea presentarle un programa; éste no prosperó, en cambio coincidió que por aquellos días Gobierno del Estado estaba urgido de encontrar un especialista en seguridad vial con el objetivo de enviarlo como representante a un evento internacional.
Aquello se trató del acuerdo de la Década de Acción para la Seguridad Vial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrado en la ciudad de México en 2011, al cual se sumó en ese momento el presidente Felipe Calderón y 18 países más.
Ahí Ramón Palacios se apasionó y preocupó aún más por el tema, ya que al momento de mostrar las estadísticas en el evento, el estado de Sinaloa ya comenzaba a despuntar como “los más jodidos” en muertes por esta causa. De allá regresó con ideas muchas más claras, sobre todo, porque lo trascendente fue la revelación de que los accidentes viales son ocasionados por el conductor.
“Los factores para tener un accidente vial son tres: el factor humano, el factor del vehículo y el factor de nuestras carreteras y calles. Todos los accidentes viales, el 95 por ciento de los accidentes viales son por el factor humano”, informa el especialista en seguridad industrial.
Ramón Palacios actualmente es el único sinaloense certificado por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos con el programa de manejo defensivo, un curso enfocado a cambiar la manera de conducir, logrando certificar a la fecha a todos los bomberos del estado, a la Cruz Roja y conductores de muchas empresas.
Desafortunadamente llegó el 2020 y México no logró cumplir el acuerdo de la ONU al que se había adherido; la meta era reducir en un 50 por ciento las muertes por siniestros viales a nivel mundial: nuestro país las aumentó en un 40 por ciento. Para ese entonces Sinaloa había aumentado las estadísticas en un 25 por ciento.
En el presente, el organismo internacional se volvió a proponer el mismo objetivo ahora con la llamada Agenda 2030, la de reducir en un 50 por ciento las muertes por estas causas, pero ahora Ramón Palacios se muestra escéptico.
“No se va lograr y así nos podemos ir hasta el infinito. ¿Por qué? Porque no tenemos programa, una educación. Podemos tener la movilidad del mundo pero si no tenemos una educación en seguridad vial y en la prevención, no vamos a lograr esos objetivos”, sostiene.
LA REALIDAD
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021 se registró una tasa nacional de 3.4 muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes y la tasa de víctimas lesionadas fue de 63.9 personas heridas por cada 100 mil habitantes.
Las entidades con mayor tasa de fallecimientos fueron: Sinaloa, con 9.1; Chihuahua, con 8.5 y Tlaxcala con 7.6.
De acuerdo al Anuario Estadístico de Siniestralidad vial 2022 elaborado por la asociación civil Mapasin, tan solo en Culiacán se reportó una incidencia de 2 mil 716 siniestros viales en la ciudad, un aumento de 1.5 por ciento con respecto a 2021.
En total, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en 2022 en Sinaloa se registraron alrededor de 10 mil siniestros viales, arrojando un saldo de 668 personas fallecidas, con más de 6 mil personas heridas.
SEGURIDAD VIAL: UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
En aras de comenzar a atacar la raíz de este fenómeno, Ramón Palacios todavía lo ve muy lejano, ya que de las dependencias donde deberían de salir las directrices en materia de seguridad vial solo muestran simulación y tibieza.
Pone como principal ejemplo el funcionamiento del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA), un organismo prácticamente desconocido por la sociedad sinaloense, mismo que se conforma por la SEPyC, ISSSTE, IMSS, SSPyTM, Bomberos, Cruz Roja, Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaría de Movilidad de la SEBIDES, IMPLAN, Guardia Nacional y la Secretaría General de Gobierno.
En teoría, todas esas instituciones se reúnen para ver la problemática de la seguridad vial en la entidad, siendo Ramón Palacios el único ciudadano que participa periódicamente en dicho consejo. Lamenta que en COEPRA él es el único que expone lo que no hace el gobierno, sin que tomen en cuenta sus propuestas para reducir la problemática de los accidentes viales.
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“Soy el único que le sale de la boquita para allá. Ese COEPRA se calla muchas cosas porque es una institución y no puede decir nada, tenemos una institución tan fuerte, que es el COEPRA, para que haga algo para la prevención de los accidentes, pero no lo hace”, reprocha.
El también especialista en seguridad industrial argumenta que el problema de fondo es la educación, y sobre eso hay que dirigir las acciones. Explica que cuando un conductor provoca un accidente en la gran mayoría de los casos es por su conducta; el que viola alguna ley de tránsito es quien maneja, no el vehículo.
“Tú puedes tener un Mercedes 2023 o un bocho, los dos pueden chocar, los dos van hablando por teléfono, los dos violan un semáforo en rojo. Entonces, el NSC dice, todos los accidentes viales, el 95 por ciento es por el factor humano. ¿Qué tienes qué hacer? Educar. Y cambiar la forma de conducir de los conductores, y ya incluyendo al peatón, tienes que influir al ciclista, que son los más vulnerables en los accidentes viales”, indica.
Sin embargo, para Ramón Palacios la problemática de la seguridad vial es una responsabilidad compartida, ya que de parte de los agentes tránsito tampoco se aplica el reglamento como debiera de ser. Comenta que a nivel nacional las autoridades más corruptas son las del departamento de tránsito porque son los que tienen el contacto directo con las personas que cometen las infracciones.
De lado contrario, critica que también los ciudadanos están inmersos en la cultura de la corrupción, como es la práctica de la mordida, en donde los elementos de tránsito ni siquiera tienen que hablar porque el conductor en muchas ocasiones ya está preparado para ello.
“Nunca se ha dado un caso en la historia de Culiacán de un elemento de tránsito que demande a algún conductor por intentar sobornarlo. No lo va a ver nunca, porque desafortunadamente nuestros agentes de tránsito, uno, mal pagados, dos, trabajan horas extras, tres, la misma ciudadanía está envuelta en eso, aunque no seas narcotraficante, gente ‘educada’ da mordida: eso es cultura”, describe.
NO EXISTE UN REGLAMENTO DE TRÁNSITO
Literalmente no existe en Sinaloa un reglamento de tránsito. Para Ramón Palacios un claro ejemplo de la permanencia de la cultura de la ilegalidad es que la misma autoridad se desenvuelve en ella.
Explica que el reglamento que en el presente utilizan los departamentos de Tránsito de todos los municipios es uno basado en la antigua Ley de Tránsito y Transporte del Estado, es decir, una legislación derogada en la entidad. Cuando se dictaminó la actual Ley de Movilidad Sustentable del Estado en 2018, ésta indicaba (indica) que se debería de crear un nuevo reglamento, sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho.
En el presente, informa, los agentes de tránsito se basan todavía en el antiguo reglamento, misma que está fuera de la ley.
“Ellos están violando la ley. Un reglamento está en base a una ley, y qué dijeron, ahora nos vamos a esperar esta ley nueva (la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial), y en base a ella, vamos a hacer un reglamento. Todas las multas están fuera de la ley y la gente tampoco sabe”, da a conocer.
Explica que los encargados de elaborar y aprobar esta nueva regulación de tránsito es la Secretaría General de Gobierno, de la cual depende el departamento de Vialidad y Transporte. Incluso los directores de Tránsito son conscientes de ello y hay quienes lo han manifestado a sus superiores, pero con resultados poco favorables.
“Desde ahí parte que a nuestra autoridad no se le tiene confianza, y el ciudadano lo sabe, el ciudadano sabe que con un buen billete salen todas las multas”, asegura.
El problema de la seguridad vial en Sinaloa es un fenómeno multifactorial y poco se va hacer algo al respecto si no se combate la corrupción en el área de Vialidad y Transporte. Otro punto a tomar en cuenta es el proceso de expedición de licencias en el estado. Critica que en el presente se otorgan licencias de conducir a personas que no están educadas, y sostiene que para este sistema es más fácil corromperlos.
Detalla que hasta 35 mil permisos de conducir se expiden al año en la entidad, trámite que se saca sin ningún problema o dando una “mordida”, cuestionando qué se hace realmente con esa gran recaudación.
“Es la caja chica más grande del gobierno. En Vialidad y Transporte existe la corrupción más grave del Gobierno del Estado, una corrupción que mata, porque le estás dando una licencia de conducir a una persona que no tiene la capacidad para conducir un vehículo. Hay gente que dice, dame mil pesos y te saco una licencia: eso es corrupción”, señala.
Después de ahí Ramón Palacios arremete contra ICATSIN, ya que también ha detectado cómo a los choferes del transporte público los inspectores de Vialidad los multan por muchas cuestiones; los obligan a tomar un curso a esa institución pero en muchas ocasiones solo es para pagarlos sin siquiera acudir y se les regresa sus licencias.
Este ciudadano lamenta cómo en ocasiones varias personas que han concordado con sus ideas desde la sociedad civil en el camino, una vez que obtienen un cargo público se deslindan o son absorbidos por el sistema burocrático.
Pone el ejemplo del actual director de Vialidad y Transporte de Gobierno del Estado, quien también es un concesionario del transporte público, Miguel Loaiza, y que en un principio luchó para que los conductores estuvieran mejor educados. Ramón Palacios informa que él estuvo a punto de presentarles su curso a los 35 concesionarios de Culiacán; sin embargo, hubo una resistencia muy fuerte desde ICATISIN, “porque es un negocio”, dice.
“Ahora que es director, le digo, ¿qué pasó Miguel?, ahora que me lo encuentro en el COEPRA. ‘Yo le dije al Rocha y no quiso’, refiere. Entonces le dije ‘No es lo mismo ser cantinero que borracho’. La Seguridad vial solo la llevamos aquellos que nos gusta”, indica.
EL CIUDADANO LEGISLADOR
Ramón Palacios se describe asimismo como un ciudadano legislador y es tal vez la persona, que sin un partido político o alguna organización civil, cuenta con el récord de ser a quien más reformas de ley le ha aprobado el Poder Legislativo en Sinaloa, todas en materia de seguridad vial e incluidas en la actual Ley de Movilidad Sustentable del Estado.
Actualmente cuenta con un amparo contra el Congreso del Estado para que los legisladores avancen en dos de sus iniciativas que se mantienen en la congeladora. Una de ellas es para incluir en la SEPyC programas de mantenimiento preventivo y educación en seguridad vial en todos los niveles del sistema educativo en Sinaloa, desde el jardín de niños hasta la universidad.
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“¿Por qué? Para que desde chiquitillo ya vayas sabiendo que es la seguridad vial, cómo te tienes que mover en la ciudad, ese programa está por salir en la SEPyC. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay cambios en gobierno, en las instituciones, en las personas, y eso es lo más canijo que hay”, critica.
La otra iniciativa es para reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado con el fin de crear la Comisión Permanente de Seguridad Vial que presentó en 2016. Argumenta que un órgano así al interior del Poder Legislativo es prioritario en estos tiempos, sobre todo, porque actualmente hay 20 iniciativas en materia de seguridad vial que no han sido atendidas.
Explica que en el presente varios congresos de otras entidades ya cuentan con esta comisión permanente, pero en Sinaloa cuando se presentan reformar para modificar la Ley de Movilidad Sustentable, no hay especialistas que las atienda, sobre todo, las de Mapasin e IMPLAN.
Incluso el ingeniero Ramón Palacios ya cuenta con una iniciativa titulada “Obtener una licencia profesional de conducir”, con la idea de educar por ese lado también a la ciudadanía, una donde realmente las personas batallen para tramitarlos como en otros países: “aquí hasta las ponen en oferta”, se mofa.
LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
En mayo de 2022 el Gobierno Federal anunció el decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y con ello, por primera vez en la historia se emite un ordenamiento jurídico de aplicación general que sentará las bases para la política de movilidad y seguridad vial con el fin de reducir muertes.
Para Ramón Palacios esto no es más que una coyuntura que se debe aprovechar, reprocha que como se aprobó la Ley General, una reforma a la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio el visto bueno, pues ahora en el Congreso de Sinaloa sí le quieren dar para adelante a varias de sus reformas, señalando que de no ser así no habría la voluntad política.
Durante el pasado foro de parlamento abierto de movilidad y seguridad vial realizado por el pasado 26 de enero, Ramón les reclamó a los legisladores que desde hace siete años él había presentado la iniciativa de Ley de Seguridad Vial del Estado, la cual se mantuvo en la “congeladora” este tiempo; comenta que ahora que los diputados están obligados a armonizar la Ley General en lo local, lo mandaron llamar para que su propuesta por fin sea tomada en cuenta en la futura homologación.
“Existe en Sinaloa una notable ausencia de voluntad política de los tres niveles de gobierno, así como una ausencia de liderazgo y acciones concretas para atender, de manera integral y efectiva el grave problema que existe en el aumento de accidentes viales y su mortalidad que en los últimos dos años han ocasionado la muerte de mil 331 personas…estas muertes pudieron haberse evitado”, recriminó ese día.
Hasta el momento vislumbra que esta legislación va dirigida al reordenamiento y la movilidad, pero no tanto a la seguridad vial. Precisa que la movilidad refiere a infraestructura, es decir, semaforización, adecuaciones de las avenidas, pasos peatonales, transporte público, lo que conlleva a grandes recursos públicos, mucho dinero.
En cambio, cuando se habla de seguridad vial no se refiere al manejo de recursos, sino educación. Por este motivo profesa que a los jóvenes hay que irlos a buscar, a convencer, a ir cambiando poco a poco la cultura, la cultura vial.
“Muchos se van a la infraestructura; yo estoy de acuerdo con ello, pero si esa semaforización no la respeta el conductor, pues caemos en lo mismo. Hay que educar, y otra, hay que no dejar fuera a la autoridad. Yo puedo tener una infraestructura de movilidad de una avenida, pero, ¿quién maneja en esas calles? Cabrones que van hasta 80 km por hora, eso no está bien. Y eso es educación, y eso es, hay que hablar con la gente”, comenta.
“Va salir una ley, no va cambiar nada, nomás le van a poner ‘de Sinaloa’, pero el contenido en Seguridad Vial ahí si voy a pelear”, advierte.
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa
La armonización u homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en Sinaloa posiblemente dé vida a una nueva reglamentación en esta materia, lo que sería la virtual Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, que dejaría atrás a la Ley de Movilidad Sustentable, aprobada en 2018.
Está legislación estará nutrida enteramente por especialistas y organizaciones civiles, a falta de una propuesta propia por algún grupo parlamentario o legislador.
En el Congreso del Estado, es la Comisión de Planeación y Desarrollo el órgano encargado de elaborar el dictamen que posiblemente sea subido al Pleno el próximo mes de abril, para ser votado por los legisladores.
Barren con funcionarios: Durante la tarde del pasado lunes 13 de marzo, el Gobierno de Sinaloa hizo cambios en la Dirección de Vialidad y Transporte y nombró a 8 nuevos funcionarios.
Sin dar mayor razón para el cambio, la administración estatal indicó que se solicitaba a los nuevos funcionarios priorizar el sentido social y humano en su ejercer.
Los cambios fueron en la subdirección de Transporte y en las jefaturas de los departamentos de Servicios Auxiliares, Informática, Seguimiento, Evaluación y Enlace con Delegaciones, Estudios y Proyectos, Jurídico, Registro y Control de Vehículos del Servicio Público y Supervisión del Transporte.
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