“Hemos puesto curitas para evitar la crisis del agua”

Culiacán, Sin.- ¿Cuál es la política gubernamental cuando no hay agua para regar el campo? Normalmente es hacer un pozo, meter tubos y extraer el recurso desde los mantos freáticos, con eso se cumple y subsana un riego, así ha sido de manera histórica y sistemática, por eso -y otras políticas más- el agua se está acabando en Sinaloa.

La investigadora y activista Sandra Guido, Directora Ejecutiva de la organización Conselva, señala: “este es un tema que debería ser atendido en coordinación con todos los organismos que administran agua”. Y luego se contesta:

“El agua ha sido una especie de cuenta de banco, en donde nadie sabe cuánta agua hay y todo mundo mete mano y saca, pero nadie sabe cuánto queda y ese todo mundo tiene que ver con la distribución de las competencias en los tres niveles de gobierno”.

 

La crisis del agua ya está, no es solo un término de moda o un problema pasajero. La sequía, explica Guido, es un problema con efectos acumulativos, reconocido así por el Banco de México. Eso se puede observar en los indicadores de la Comisión Nacional del Agua sobre los datos de sequía, que revelan que el 2023 fue el año más seco para Sinaloa en las últimas dos décadas.

Una de las formas de medir la sequía es ver la cantidad de agua en las presas: actualmente hay 26 por ciento en su capacidad de almacenamiento. El dato puede parecer nada, pero hay que compararlo con días anteriores: al iniciar el año el registro era de 30 por ciento, eso quiere decir que en los primeros 20 días del 2024 se bajó cuatro puntos en los niveles de agua.

“Seguimos extrayendo hasta la última gotita cuando nuestro problema es que no hay agua y ese es el momento en el que nos encontramos. Este no es un problema de este año, lo que no se está hablando es que no solamente la sequía se ha vuelto más recurrente, tuvimos una en el 2021 que fue tremenda y no nos sirvió para nada y ahorita tenemos otra”, señala Guido mientras muestra gráficas sobre el estado de las presas, en los cuales se puede leer algo más grave: por cada vaso de agua que ingresa se extraen tres de los embalses.

Para el Banco de México, la falta de agua es uno de los temas más apremiantes en la actualidad y este ya tiene un impacto en el Producto Interno Bruto (PIB), cada vez hay menos recurso para poder regar parcelas o trabajar el ganado.

Guido asegura que las dependencias que tocan el tema del agua no se coordinan, toman decisiones sin considerar la disponibilidad de agua, no revisan siquiera si lo que hay en las presas es agua o lodo acumulado y de ahí que haya una crisis no solo del recurso sino institucional, que debería arreglarse con una reforma urgente a la Ley de Aguas y hacer acciones específicas.

“A pesar de que en la Ley de aguas tenemos una administración (del agua) por cuencas, en la vida real no ocurre y entonces tenemos así toda esta asincronía, tenemos el imperio de las pequeñas decisiones con respecto al agua, manejándola como si fuera infinita y desde la sociedad civil tenemos la idea de que el gobierno tiene la obligación de darnos agua”, menciona la investigadora.

La Ley de aguas debió reformarse desde 2012, cuando ocurrió una de las sequías de mayor impacto en México; se reconoció que los mexicanos tenemos problemas de contaminación, agotamiento gradual de fuentes de agua y efectos del cambio climático, aunque solo fueron preocupaciones dadas a conocer en discursos.

“Esto lo sabemos hace más de 10 años ¿Qué hemos hecho para afrontar esto? Lamentablemente ahí es donde las cuentas no salen, porque en 2012, con las crisis hídrica que tuvimos, una de las primeras grandes crisis hídricas del país, fue cuando se dijo que el Estado ha sido incapaz de proveer a los mexicanos el derecho humano al agua y al saneamiento y como no se había sido capaz, se ordenó una nueva Ley de aguas y la sociedad empezó a luchar por una nueva Ley de aguas, pero es una lucha que ha existido en todo este tiempo”, cuestiona la directora de Conselva.

“Es en esta ley es donde podríamos implementar en todos los estados y municipios a que obliguen a hacer los ajustes necesarios en sus reglamentos en sus organismos operadores de agua, pero ¿Qué hemos hecho a nivel nacional? Nada”.

 

Hay organizaciones civiles especializadas como Conselva que, en conjunto con académicos, han buscado un cambio en las políticas públicas con propuestas específicas, aunque para ellos y ellas no hay oídos disponibles desde los tomadores de decisiones.

Arreglar la crisis con “curitas”

 

La política pública actual únicamente prevé tener que esperar buenas temporadas de lluvia, pero el patrón de precipitaciones ha cambiado. Solo en 2023 se registró una disminución del 16 por ciento.

Hay otro tema con las lluvias, este año es “año niña” y esos fenómenos tienen el impacto principal de disminuir las precipitaciones, por lo que de acabarse el agua de las presas en el actual periodo de secas – el cual podría terminar hasta el mes de julio- es posible que se tenga el año con la peor sequía en la historia en Sinaloa.

La consecuencia será que no haya agua para darle al campo, a la ganadería o cualquier otra actividad productiva que necesite agua.

“Claramente para la región noroeste no hay modelo hídrico que no te diga que para la región noroeste tenemos ya un problema de crisis hídrica, de seguridad hídrica, porque no un solo modelo no te diga que va a haber una reducción en la precipitación y un incremento en la temperatura”, menciona.

 

Un tercer problema es que para este 2024 se prevé un incremento en la temperatura que podría alcanzar hasta los cinco grados en las zonas serranas, donde están las presas.

Un incremento en la temperatura significa evaporación de agua, entonces vamos a tener la combinación de estos dos factores, por un lado el incremento en la temperatura y la evaporación en las presas, pero además es la reducción de la precipitación.

“Hemos puesto curitas a una herida que está abierta y que es la herida más grave que le puedes hacer a un estado agrícola, pesquero, ganadero, turístico como Sinaloa”, señala la investigadora y activista.

“La dependencia de nosotros con el agua es mucho mayor que en otros estados, muchísimo mayor. Para nosotros la reducción en la precipitación y la disponibilidad del agua nos afecta de manera directa e indirecta muy rápido”.

La actual regulación de administración de agua establece que debe haber agua suficiente para poder cubrir el abasto a la población por lo menos durante dos años. Sandra Guido asegura que ese mandato es posible cumplir para las zonas urbanas, pero en áreas rurales habrá un problema mayúsculo que no puede omitirse.

“No tienen agua y eso sí ¿Qué va a pasar con ellos?”, asegura.

 

“Creo que en este periodo de sequía vamos a ver los profundos impactos sociales y económicos de la falta de agua en Sinaloa. Ahorita no tenemos ni idea de toda la cadena productiva que va a ser afectada”.