El Poder Judicial de Sinaloa está siendo rebasado por la estrategia jurídica de funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa que acuden a maniobras dilatorias en las juicios y carpetas de investigación que los vinculan a proceso o les inician nuevas acusaciones por presuntos delitos de desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y manejo desordenado de recursos públicos.

En los casos del ex rector Jesús Madueña Molina, y de quien lo suple en el cargo, Robespierre Lizárraga Otero, resultan evidentes las coartadas legaloides que lindan con el desacato a las instituciones judiciales, y es palpable también la permisibilidad de los jueces al otorgarles los aplazamientos en veinte audiencias desde que se ventila el caso del desorden financiero en la institución de educación superior.

La justicia en Sinaloa peca de ingenua al aceptar sin mayores elementos de prueba los argumentos de Madueña y Lizárraga que ayer deberían acudir a una nueva audiencia de imputación de cargos por abuso de autoridad, la cual no se realizó porque el abogado que llevaron dijo que un día antes fue contratado como defensor del ex rector y del rector en funciones, sin tener tiempo de revisar los respectivos expedientes.

Los universitarios sujetos a juicios han acudido a todas los ardides posibles para evadir el trabajo de los tribunales, inclusive para reírse de éstos. Poco a poco, el proceso legal transita de lo estrictamente jurídico, que sería la ley aplicada con firmeza contra quienes cometen delitos, a una mala copia del sketch “La Tremenda Corte” que ridiculiza a los actores y factores que participan en las diligencias judiciales.

Un principio toral de la función jurisprudencial establece que la justicia tardía no es justicia y aplicado a la circunstancia donde la principal afectada es una institución de educación superior podría agregársele que tampoco la acción morosa de la ley contribuye a reparar los daños porque en el amplio intervalo de las desidias la víctima puede convertirse en victimaria.

Sean cuales sean los apetitos en juego, lo que debe prevalecer es el interés supremo de la UAS, patrimonio de los sinaloenses y única posibilidad de mejor porvenir para miles de jóvenes estudiantes.