Culiacán, Sin.- Denuncias por amenazas y abuso de autoridad, denuncias por violencia digital, estigmatización y descrédito de labor desde el discurso público, violencia en las empresas de medios masivos y amenazas e intimidación por parte de la delincuencia.

Estos fueron los resultados que arrojó el estudio “Mujeres que luchan: por la protección de periodistas y defensoras de derechos humanos en Sinaloa”, proyecto coordinado por la organización civil Iniciativa Sinaloa y con respaldo de la Embajada de Canadá en México para el fortalecimiento de la protección a mujeres defensoras y periodistas.

Iliana Padilla, responsable de la investigación, explicó que el trabajo consistió en una encuesta con 45 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos sinaloenses, así como entrevistas semiestructuradas con 28 participantes.

 

Cabe destacar que entre los agresores que identificaron las participantes a la hora de realizar sus labores, se encontró en primer lugar a autoridades gubernamentales, después mismos colegas y superiores de la empresa en la que trabajan, dejando muy por atrás a grupos delictivos y personas de la comunidad.

Por otro lado, también se abordó las condiciones económicas para realizar su trabajo, donde el 36 por ciento de las periodistas dijo son limitados y otro 20 por ciento dijo que es muy limitado.

En cuanto a las defensoras de derechos humanos, el 50 por ciento de las encuestadas sostuvo que es muy limitado realizar sus actividades y otro 45 por ciento dijo que es limitado; las respuestas de las encuestadas revelan una situación preocupante sobre las condiciones económicas para ejercer su labor.

En general, lo que se quiso comprobar es el grado de violencia estructural, cultural y directa a la que están expuestas las mujeres que se desenvuelven en estos ámbitos en Sinaloa, encontrando en algunas casos, marginación profesional, brecha salarial, barreras de acceso a información, sexismo, presiones sociales y expectativas de género, entre otros aspectos.

“Casi todas hablaron de la estigmatización y descrédito desde los mensajes públicos, particularmente desde las conferencias del gobernador. Estas formas de agresión, todas en su conjunto, se han incrementado sin duda de unos años para acá; esto tiene que ver con los discursos públicos donde se señala tanto a periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimiento de lo que se hace en el poder público”, expuso la investigadora.

Al respecto, Iliana Padilla, quien es académica de la UNAM, hizo un llamado a detener estas violencias, indicando que debe haber un reconocimiento de cómo el descrédito del periodismo está generando condiciones de riesgo y peligro para estas mujeres.

“Este mensaje tiene que venir desde muy arriba, desde el gobernador. Asimismo, hacemos un llamado al fortalecimiento al Instituto para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, para implementar medidas para proteger a estas persona que sufren todas estas violencias”, señaló.

 

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