Culiacán.- Con el objetivo de tener más mecanismos para la erradicación de la Violencia Política con Razón de Género, esta mañana el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), aprobó el Lineamiento para la Realización del Monitoreo con Perspectiva de Género de Medios Impresos y Digitales en el proceso electoral local 2023-2024.

La Consejera Electoral, Gloria Icela García Cuadras, explicó que este lineamiento es retomado de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y es necesario pues en los procesos electorales es cuando más se hace presente la violencia política contra las mujeres.

Agregó que con ello, se busca detectar si hay comunicación de parte de los candidatos, de los medios de comunicación o de cualquier otro actor que esté discriminando a la mujer debido a su género y advertir si está sucediendo en las campañas electorales.

“Considerando que es un abono más a los trabajos que hace el Instituto para poder erradicar la violencia política con razón de género y que desafortunadamente se hace más presente en los procesos electorales y durante las campañas en particular”, dijo.

 

¿Qué es la violencia política por razón de género?

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda “acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.

En México, 325 personas han sido sancionadas por ejercer violencia política contra mujeres. De ellas, ninguna pertenece al Estado de Sinaloa, y no es porque no pueda ocurrir, sino porque se denuncia poco.

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