México.- La reciente discusión en torno a la prohibición del glifosato en México ha encendido las alarmas en el sector agrícola y científico.

Protección de Cultivos Ciencia y Tecnología (PROCCYT), una asociación que vela por la investigación y desarrollo en este ámbito, expresa su inquietud sobre los posibles efectos sociales derivados de esta medida y cómo impactaría en la cadena agroalimentaria del país.

Luis Osorio, director ejecutivo de PROCCYT, resalta que la prohibición del glifosato no solo afectaría a la industria de protección de cultivos, sino que tendría repercusiones en toda la cadena de producción de alimentos.

El glifosato, un herbicida esencial durante las últimas cuatro décadas, ha sido clave en la protección de cultivos y en la producción de alimentos en México. Osorio señala que ha sido exhaustivamente revisado en términos de seguridad tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

 

Actualmente, un panel de expertos está evaluando la evidencia sobre el glifosato, y se espera que su resolución defina el rumbo de su uso y su futuro en México para el tercer trimestre del año. A nivel global, este herbicida se utiliza en 120 países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y Brasil. Numerosos estudios respaldan su seguridad en términos de salud humana y medio ambiente.

PROCCYT advierte sobre las posibles consecuencias económicas y sociales de la prohibición del glifosato. Según previsiones de la asociación, podría haber una disminución en la producción de maíz de hasta un 40% y aumentos en los precios de hasta un 85%.

Es relevante destacar que, consciente de estas implicaciones, Europa ha extendido el uso del glifosato por al menos 10 años más, considerando que la investigación y la implementación de alternativas requieren un proceso de al menos 11 años, detalla esta asociación en un comunicado.

 

En este contexto, PROCCYT hace un llamado a las autoridades y a la comunidad a trabajar en colaboración. La asociación busca soluciones que equilibren la protección del medio ambiente con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica del país. Aboga por considerar la experiencia internacional y cómo otros territorios han manejado este tema, promoviendo un enfoque equitativo que salvaguarde los intereses de todos los actores involucrados.

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