Culiacán.- A dos años de la legalización del aborto, en Sinaloa este procedimiento sigue sin realizarse totalmente libre, seguro y sin estigmas, de acuerdo a denuncias de colectivos feministas que señalan irregularidades en la atención y omisiones en la ley.

En el Estado, el aborto es legal desde el 8 de marzo del 2022, cuando el Congreso local aprobó reformas en diversas leyes para permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 13 de gestación. Además de establecer que este procedimiento se debe otorgar de manera gratuita en las instituciones públicas del sector salud.

En septiembre del 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal, obligando al IMSS, ISSSTE, Pemex y cualquier otra institución de salud pública federal a brindar el servicio de aborto en todo el país.

Sin embargo, aún con estas reformas legislativas, el aborto seguro y sin estigmas sigue sin ser garantía en Sinaloa, de acuerdo a colectivas feministas. Lo cuál ha fomentado una lucha de mujeres y/o personas gestantes que buscan que este derecho se otorgue con apego a la ley, a los lineamientos de salud y sin barreras institucionales o sociales causadas por el estigma y la revictimización que aún rodea al aborto.

Aborto ¿seguro?

 

Heidy Mares, activista y acompañante de aborto, denunció que en los pocos hospitales donde se practica la interrupción legal del embarazo, se realiza sin seguir los procedimientos adecuados, poniendo en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes.

En 2022, la Secretaría de Salud Federal emitió un Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México, mismo que establece los criterios básicos para que en las unidades de salud públicas se otorgue el servicio de aborto de manera oportuna, resolutiva e integral, con perspectiva de género y derechos humanos.

Lineamiento que a la fecha, sigue sin aplicarse en Sinaloa, pues aunque declara que el legrado es un método obsoleto, es un procedimiento que continúan realizando en las unidades médicas, mencionó Mares.

Según el documento, lo recomendable es la aspiración endouterina o el manejo farmacólogo utilizando misoprostol y mifepristona, dos medicamentos que combinados tienen una efectividad del 98%. Este manejo facilita que la atención se realice de manera ambulatoria, disminuyendo riesgos y los costos del procedimiento.

Sin embargo, de acuerdo con Heidy Mares, en Sinaloa se prioriza el uso del legrado en los procesos de interrupción legal del embarazo.

“El legrado fue muy popular en los 90s pero el legrado es un raspado uterino y puede traer consecuencias, esos mitos en torno al aborto de que puedes quedarte desangrada, que puedes tener problemas de salud, problemas de fertilización, todo eso se deriva precisamente de un mal uso del legrado”, agregó.

Este reclamo recibió una respuesta del Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, quién negó las acusaciones e invitó a las activistas a sumar esfuerzos en la prevención del embarazo.

“Creo que deberíamos de sumar esfuerzos para prevenir el embarazo no deseado antes de criticar los procedimientos que estamos haciendo puesto que están normados y están regulados”, aseguró el funcionario.

 

De acuerdo con datos del Hospital de la Mujer, de marzo a diciembre del 2022 se realizaron 304 procedimientos, en 2023 se practicaron alrededor de 550 interrupciones de embarazo y en enero del 2024 se realizaron 55 procedimientos.

Por otra parte, Mares criticó que la intención inicial de la aprobación del aborto era que fuera un derecho para todas las niñas, adolescentes y personas gestantes, pero actualmente esto está limitado a las mujeres que viven en las zonas urbanas, pues el procedimiento solo se realiza en hospitales de cuatro municipios: Culiacán, Mazatán, Ahome y Guasave.

“¿Qué quiere decir? que las colectivas que somos autogestivas nos hemos tenido que echar esta chamba de poder suministrar medicamentos a gestantes que radican en rancherías, en sindicaturas, que por muchas razones no pueden acercarse a un lugar donde hay un hospital”, enfatizó.

 

Por este motivo, las colectivas de Sinaloa como “No se metan con nuestras hijas” han tenido que promover programas de información y acompañamiento del aborto en comunidades y rancherías donde no hay una institución de salud en donde acceder a este derecho.

Abortar con estigma

 

La gran pelea, misma que aún persiste, es en contra de la estigmatización hacia las mujeres que desean abortar o han abortado. En junio del 2022, el colectivo Sororas Guasave denunció al Hospital General de Guasave por negar el servicio del aborto seguro y juzgar a las mujeres y/o personas gestantes que acudían a preguntar por el procedimiento.

“Estas personas, al acercarse a las instalaciones para hacer valer sus derechos, son revictimizadas con argumentos religiosos, se les juzga, se le estigmatiza y se les culpa por su condición, siendo esto totalmente lo contrario a la labor de lxs doctores y enfermerxs en su obligación de no ser objetores de conciencia y asegurarle a las mujeres y personas gestantes, el debido cumplimiento de su derecho a abortar en una institución pública de salud”, señala el comunicado que compartieron en redes.

Asimismo, la activista Heidy Mares, de la colectiva feminista “No se metan con nuestras hijas”, compartió algunos testimonios de mujeres y personas gestantes que acudieron a abortar en los hospitales autorizados y señalaron haber sido tratadas con estigma al recibir comentarios que buscaban hacerlas desistir.

Como es el caso de una joven a la que le realizaron un legrado para interrumpir su embarazo y a la hora de preguntar si era normal sentir tanto dolor, una enfermera le respondió que quitar la vida tenía consecuencias y ese era el castigo.

“No me recetaron nada para el dolor y no sabía que dolía tanto. Regresé a los tres días como me dijo el doctor, para que me hicieran un legrado y le pregunté a una de las enfermeras que si era normal que me hubiera dolido tanto o porqué no me habían recetado algo para el dolor y me dijo que traer un hijo al mundo era mucho dolor, pero que quitar la vida era un castigo y tenía consecuencias…”, testimonio de Yosseline, 21 años de edad.

“Tenemos testimonio de una chica que la pusieron a esperar con gestantes avanzadas que estaban esperando turno para dar a luz, estamos hablando de una manipulación psicológica”, mencionó Heidy Mares.

 

Otro de los testimonios recabados por esta activista, provienen de mujeres que sí fueron tratadas con el uso de Misoprostol, uno de los dos fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero se los entregaron sin el manejo adecuado. Tal es el caso de una joven a la que le entregaron las pastillas en un cono de papel.

Los actos de rechazo hacia las mujeres que han decidido abortar,  no solo provienen del personal médico, también proceden de grupos provida como “Vía Familia”, quienes a ocho meses después de la aprobación de la interrupción legal del embarazo, colocaron un altar en las escalinatas de la Catedral de Culiacán, en honor a los niños que no se les permitió nacer debido a diversas circunstancias como la legalización del aborto. Para esas fechas, la Secretaría de Salud tenía un total de 200 abortos realizados.

Sin olvidar que, a principios del 2023 se llevó a cabo una campaña religiosa llamada 40 días por la vida, la cual consistía en 40 días de ayuno, oración y vigilia frente a los hospitales donde se realiza la interrupción del embarazo, con el objetivo de “darle fin al aborto”. Esta campaña se está repitiendo en 2024.

La activista Heidy Mares, comentó que a dos años de la legalización, estos testimonios de mujeres y personas gestantes que se han sentido violentadas se siguen reproduciendo debido a que el tabú que hay en torno al aborto sigue estando presente en la sociedad.

“Buscan castigar a las mujeres por las decisiones que están tomando, no podemos decir que tienen una garantía al derecho al aborto si no hay un control de calidad en los medicamentos, si sabemos que todavía hay personal con estigma y si se la pasan negando los servicios de salud”, dijo.

 

Otro ejemplo de ello, según explicó Mares, son los comentarios que han realizado autoridades como José Arturo Figueroa Camacho, director del Hospital de la Mujer, quien ante medios de comunicación ha mencionado que hay menores de edad que se han realizado el procedimiento en múltiples ocasiones, enfocando la necesidad de la falta de prevención de embarazo, pero sin activar los protocolos de una presunta violación o por una posible situación de violencia.

“Antes de juzgarlas de imprudentes e irresponsables, primeramente hay que ver por qué esta mujer, esta adolescente está regresando porque lo más probable es que sufra una situación de violencia, entonces, mucho hablar como que sin ver el contexto”, dijo.

 

Son estas razones, mencionó, las que hacen que el aborto aún cuando es legal, no es sinónimo de garantía o acceso a la justicia.

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