La acción criminal que privó de la vida a Gisela Gaytán, candidata del Movimiento Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, subraya la urgencia de que los órganos electorales locales asuman como alta prioridad la seguridad de quienes aspiran a alcaldías y diputaciones con tal de que el proceso democrático transcurra en paz, sin el miedo de los pretensos que se extiende hacia los electores.
Con la muerte violenta de Gisela Gaytán al iniciar las campañas electorales en los estados, recrudeció el temor en el resto del territorio mexicano a que el crimen organizado adquiera mayor injerencia en la política mediante el factor intimidante de las armas, ahora disparadas contra los participantes directos en la competencia comicial que pretendían obtener los votos ciudadanos y no el fuego asesino.
A nivel nacional la elección entró a la peor fase de tensión de la que se tenga memoria porque al menos 20 candidatos a diferentes puestos a definirse por votación popular han caído en México durante lo que va de 2024 y los últimos meses de 2023, abatidos por la alta delincuencia que se atiene a la impunidad derivada de la escasa posibilidad de que las autoridades penales los investiguen y los pongan a disposición de las instancias de la materia penal.
De lo sucedido en Guanajuato las autoridades de Sinaloa están obligadas a entender lo fundamental de establecer operativos en torno al proceso electoral y otorgar sin dilación la protección con fuerza pública local a candidatos que lo requieran, recayendo tal responsabilidad y pertinencia en el gobernador Rubén Rocha Moya y en el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Arturo Fajardo Mejía.
La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado tiene la obligación de estar abierta y con la disponibilidad de los suficientes elementos policiacos para responder satisfactoriamente a todas las solicitudes de protección que formulen los candidatos.
El órgano electoral, por su parte, debe declararse en alerta permanente para detectar o recibir denuncias de amenazas contra aspirantes a los cargos que el voto resolverá el 2 de junio. Ningún exceso de confianza o descuido caben en estos momentos donde el crimen ya vota a través de sus armas y crueldades, mucho antes del ejercicio constitucional sufragante.
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