Texto: Isabel Briseño
Foto: Anton Lukinoy / Unsplash

Ciudad de México.- Este 4 de abril el gobierno de la Ciudad de México presentó la reforma que regula a la platforma Airbnb en la capital mexicana.

Según el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, «las reformas benefician también al sector hotelero al evitar la competencia desleal; brindan seguridad a los turistas y usuarios de hospedaje temporal, y dan certeza jurídica a las plataformas y dueños de inmuebles».

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De acuerdo con la plataforma Airbnb, existen 26 mil 760 espacios de alquiler para estancias cortas en la Ciudad de México que actualmente operan sin ningún control gubernamental.

Según los legisladores que la promovieron la iniciativa, esta reforma atenderá problemáticas relacionadas a la gentrificación, el aumento de las rentas, la falta de equidad fiscal, entre otros.

¿En realidad esta regulación salvaguarda los intereses de propietarios, administradores, viajeros y población local ante un fenómeno en crecimiento? Si no, ¿a quién beneficiará?

En entrevista para Pie de Página, Carla Escoffie, abogada especializada en temas de vivienda, y la diputada Frida Guillén, presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso local, nos comparten su visión respecto a la importancia o no, de esta modificación a la ley.

¿Una iniciativa para frenar el desplazamiento?

La diputada Frida Guillén, del PAN, señala que la presentación de la reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México fue promovida desde hace algunos años luego de la firma del convenio que hizo el gobierno de la Ciudad y la plataforma Airbnb.

De acuerdo con Guillén, a raíz del convenio, las rentas se triplicaron en varias partes de la capital, una de ellas la Alcaldía Cuauhtémoc, donde la diputada representa al Distrito 12 que comprende colonias como la Roma, Condesa, y la San Rafael.

Con la llegada de los turistas o de los nómadas digitales, muchas personas habitantes de esas colonias empezaron a vivir los efectos del desplazamiento. La mayoría: ciudadanos que han vivido por años en esos lugares y a quienes ya no se les renovó su contrato porque sabían que podían rentar sus inmuebles a extranjeros a costos más elevados.

Guillén señala que, si bien la gentrificación no es un fenómeno nuevo, sí se agudizó con la firma del convenio en donde la única solución que tuvieron los vecinos fue ir a juicio o desplazarse a zonas periféricas. Con esto, afirma, aumentó la crisis de vivienda en la Ciudad.

Ahora, con la regulación prevén que los nómadas digitales sepan que sí son bienvenidos en la Ciudad de México pero que ya hay una regulación con la que se debe cumplir.

Contra las prácticas monopólicas

“Con esta iniciativa promovimos la creación de un padrón de registro de todos los anfitriones, de todos los prestadores de servicios turísticos”, explica la diputada.

De tal forma, dice, se sabrá en qué edificios se está trabajando la modalidad de alojamiento temporal. También se puede conocer si existen o no edificios completos que operen mediante esas plataformas.

“Nos dimos cuenta dentro de todo el estudio que ya habían edificios que estaban construyendo a la venta con un solo dueño para rentar 50 departamentos mediante una sola plataforma con un solo dueño”.

La congresista señala que la falta de regulación en el mercado de alojamiento temporal creció de forma exponencial y libre. Esto, agrega, acarreó desafíos de seguridad, así como fenómenos como la inequidad fiscal y la competencia desleal con el sector turístico hotelero.

La diputada indica que más allá de lo económico, lo preocupante es el tema social.

“Nos están expulsando de nuestra propia capital a quienes hemos vivido aquí por años”, argumenta.

Con la creación del padrón de registro, además, se pretende evitar las prácticas monopólicas, prohibiendo que una sola persona registre más de tres inmuebles en la plataforma.

Es decir, si una persona tiene cuatro inmuebles, la ley solamente permitirá dar de alta tres en las plataformas de alquiler temporal. En caso de que alguien quiera dar de alta un cuarto inmueble, debe solicitar un permiso y el gobierno va a definir si existe la posibilidad o no, sin que afecte el orden público y la sobresaturación.

Si se otorga el permiso, se tendrá que ceñir a las reglas de otro mercado que ya no va a ser considerado de uso de suelo habitacional, sino como un espacio que está mercantilizando la vivienda.

La ley establece sanciones a quien incumpla con el registro en el padrón. Además, estipula que las plataformas van a ser solidarios obligados de terceros en caso de que exista un problema entre el anfitrión y el huésped.

Después de que la ley se publique en la gaceta de la Ciudad de México se tendrán 150 días para la incorporación de modificaciones correspondientes al reglamento, y 180 días para la creación del padrón.

Sobre los impactos a los propietarios, la diputada precisa que “es real que sí tiene un impacto económico, pero va más allá de eso», pues el objetivo de la ley es «resolver o poner límites» al desplazamiento y la gentrificación que ha «agudizado una crisis de vivienda en toda la capital”.

La diputada menciona el caso de un anfitrión que tenía registradas 260 propiedades dadas de alta en varias plataformas, con un ingreso de 3 millones de pesos mensuales. Otro caso es el de una señora de 63 años a quien no le renovaron su contrato de arrendamiento. La señora tenía solamente 15 días para desalojar la vivienda que fue dada de alta en plataformas digitales.

La diputada explica que los impuestos se cobrarán cuando se superen los tres inmuebles registrados y los propietarios deberán apegarse a los reglamentos de los establecimientos mercantiles y a todos los permisos que necesitan para funcionar.

“Si existe la posibilidad de tener y darle mantenimiento a más de tres inmuebles, significa que también tienen la posibilidad de convertirlo en un establecimiento mercantil, con toda la reglamentación que ello implica”, puntualiza.

Un primer paso

En cuanto a los precios de renta de vivienda, la diputada explica que se tendrían que regular otra leyes. La iniciativa, precisa, solo es es un primer paso, pues existen otros factores que generan la crisis de vivienda. La gentrificación es uno de ellos, pero no es el único.

“Con esta primera regulación se le está poniendo un límite pequeño a las plataformas de alojamiento temporal, pero sí es un primer paso”, añade.

Guillén menciona que entre los siguientes puntos a regular estaría el impuesto al nómada digital, a quien después de la veinteava noche se le cobraría una UMA adicional a cualquier extranjero y nómada digital. La UMA es la medida de referencia económica en pesos mexicanos que se utiliza para determinar la cantidad del pago de las obligaciones, como créditos Infonavit, multas, impuestos y deducciones personales.

Posteriormente, otro punto a regular son las rentas en inmuebles en la Ciudad de México, que tienen aumentos de la noche a la mañana y que queda a conveniencia entre partes, pero en beneficio de los arrendadores.

Además, se pretende la creación de un reglamento específico para la operación de las plataformas digitales de alojamiento temporal, donde ya dependerá del gobierno establecer reglas precisas claras y concisas que tienen que atender los anfitriones y las plataformas.

Para Guillén, esta iniciativa puede ser un paso para regresar al modelo de las rentas convencionales, y que sea la ciudadanía quien tenga acceso a todos estos inmuebles que actualmente se encuentran rentados para el alojamiento temporal.

Una reforma con lógica turística

La abogada y especialista en vivienda, Carla Escoffie, recuerda que Airbnb no es el origen de los problemas de vivienda en la Ciudad de México, pero sí han habido muchas personas afectadas por la plataforma.

“Hay que entenderlo como una reacción en cadena: las personas desplazadas de una zona podrían ser quienes desplacen a otras, por lo que es importante entender estas dinámicas desde una ley urbana en red. Es decir: ¿Cómo interaccionan los distintos elementos involucrados?”.

Para la especialista, las problemáticas de origen no se modifican con esta Ley de Turismo.

Escoffie señala que el problema de la reforma es que no es una iniciativa pensada para abordar un tema de vivienda y ciudad, sino simplemente es una reforma desde una lógica turística.

“Que esté en la Ley de Turismo habla mucho de cuál es el sentido, sobre todo cuando en todo el proceso las autoridades se reunieron con hoteleros y no con académicos, ni con organizaciones o agrupaciones de vecinas y vecinos afectados”.

Aunque hay algunas cosas que le parecen positivas en esta reforma, (como el registro en el Padrón de Anfitriones y el seguro de responsabilidad civil), Escoffié es clara: estas modificaciones son incompletas e insuficientes.

Lo que se necesita, dice, es registrar y modificar cómo el fenómeno de Airbnb afecta la oferta de arrendamiento tradicional en la Ciudad de México.

“Esto debió haber sido una oportunidad para hacer una iniciativa mucho más robusta que abarcara la vivienda en arrendamiento tradicional, la vivienda Airbnb, incluso la vivienda estudiantil, y no se hizo. Es una iniciativa que no está comprendiendo realmente cuál es la discusión, y se está centrando en las preocupaciones de un sector muy específico”.

Además de esto, Escoffié indica que no se está haciendo un trabajo por entender el impacto de Airbnb desde las dinámicas urbanas, adoptando el esquema de «zona por zona» como sí se hizo en ciudades como Barcelona y París. La reforma, critica, únicamente está regulando la actividad con impuestos y otro tipo de requerimientos, que no está mal, pero no resuelve otras problemáticas de la población local.

Falta una visión urbana, y no individual

Otro punto que señala Carla Escoffié son las dudas que genera cómo van a hacer para que se cumpla con lo que establecieron.

“Hay que ver cómo se hará el registro. ¿Va a ser con base en quién tiene la propiedad del inmueble? ¿O simplemente se registrará el usuario de la aplicación?”.

La especialista menciona que al no incluir otras regularizaciones que son necesarias para que realmente la ley esté enfocada en el tema de vivienda y ciudad, pues está incompleta y seguirán habiendo problemas.

“Sí es un tema de cuántas propiedades tiene una sola persona o una empresa en Airbnb, pero también es un tema de cuántas propiedades pueden haber en una zona”.

De acuerdo con Escoffie, lo que han hecho en otras ciudades, más que restringir el número de inmuebles que pueda tener una persona, lo que se ha limitado es el número de propiedades en Airbnb que pueden haber en una zona de acuerdo con las problemáticas de ese lugar.

La problemática sobre los Airbnb se tiene que abordar desde una lógica urbana, y no desde lo que puede hacer o no una persona individualmente, comparte Carla.

Sin interés ni voluntad política

Otra crítica que resalta Carla escoffié es que, de haber querido hacer las cosas bien, se debió escuchar a las personas que han señalado las diversas problemáticas en torno al tema de vivienda.

“No hay interés ni voluntad política, es una iniciativa hotelera, no es una iniciativa de vivienda en la ciudad. No se quiso hacer el Registro Público de Arrendamiento, que también es algo que se está pidiendo en Ciudad de México desde hace tiempo”.

Para Escoffie, la reforma en realidad es un salvoconducto para las problemática de los hoteleros, pero no para la población.

“Creo que lo están vendiendo como si estuvieran atendiendo el tema del Airbnb. O sea, peor es nada. Por supuesto que hay cosas que creo que pueden ser positivas, pero en términos generales está muy acotada”.

Y concluye:

“Para abordar la problemática que se desató en cuanto al tema de vivienda y ciudad en tanto el impacto que puede tener Airbnb en las ciudades, ésta no es una reforma que esté atendiendo eso”.

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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.