Solamente el silencio que siempre le sigue a la impunidad es lo que le ofrece el sistema de procuración e impartición de justicia a Sandra Luz Hernández, la madre que fue asesinada el 12 de mayo de 2014 mientras buscaba a su hijo Édgar García Hernández, desaparecido en febrero de 2012 mientras se desempeñaba como auxiliar de oficina en la dependencia que hoy es la Fiscalía General del Estado.
Sandra Luz Hernández representa la evidencia más cruel de gobiernos e instituciones derrotadas que escuchan la interrogante de ¿dónde están? y optan por esconderse detrás de montones carpetas de investigación olvidadas y ostentosos aparatos de investigación que simulan indagatorias con la apuesta de que dejando correr el tiempo vendrá el olvido en casos de antemano imperecederos en la memoria colectiva y de los sin justicia.
La luchadora social que le prometió a Édgar que seguiría buscándolo todos los días hasta encontrarlo persiste a través de la lucha que realizan centenas de mujeres rastreadoras que mueven cielo, mar y tierra sin claudicación ni agotamiento. Está aquí por cada madre de desaparecidos denunciando la misma pasividad de autoridades que le quitó a su hijo y la mató a ella, sin que el Estado muestre rasgo alguno de sensibilidad.
Su ausencia e impunidad denuncian sin tregua, a diez años del crimen que la privó de la vida a esta luchadora social, que las desidias ministeriales y judiciales prevalecen como única expectativa para las familias que ante el abandono gubernamental optan por realizar por medios propios la búsqueda de aquellos que la violencia arrancó del hogar, esa aberración de poderes públicos reducidos a cómplices por acción u omisión.
Una década sin justicia constituye burla a sociedades que exigen paz y legalidad y lo que reciben es mayor violencia y adormecimiento de fiscalías y jueces, dejándole el camino libre, ensanchado, a la delincuencia.
Eso es lo que sigue evidenciando Sandra Luz: los que desaparecieron a su hijo y la asesinaron a ella no pudieron acabar con la dignidad de un movimiento que paradójicamente es reconocido a nivel internacional y relegado por el gobierno mexicano.
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