Por Sheila Arias
Orillados por la defensa de su territorio, ambientalistas y ciudadanos de Sinaloa anunciaron la integración de un frente único para proteger áreas naturales y reservas de cualquier proyecto comercial o desarrollos inmobiliarios que atenten contra su identidad o arrebaten espacios públicos; ésta es la primera vez que se organizan de sur a norte para visibilizar sus causas en un contexto donde México es uno de los países más riesgosos del mundo para defensores medioambientalistas.
En conferencia de prensa así lo informaron representantes de los colectivos que defienden en Mazatlán el Cerro del Crestón y la Isla de la Piedra; y en Ahome, la Bahía de Ohuira. Representantes de estos grupos se concentraron este martes en el puerto para anunciar el primer colectivo en defensa del territorio en el Estado. Su objetivo es fortalecer sus voces en los tribunales donde están en proceso amparos y demandas para detener obras y anular permisos de construcción.
“Nos están quitando nuestras reservas y ¿qué estamos haciendo?, por eso necesitamos unirnos, estar juntos, defender nuestra tierra a pesar de las amenazas”, señaló Claudia Quintero Sandoval, ella pertenece al Colectivo Aquí No que defiende la reserva de Ohuira, un espacio que pertenece a los más de 140 sitios Ramsar en México, protegido por su diversidad biológica y donde se pretende construir una planta de amoniaco desde hace diez años.
Mazatlán: “Es contra las autoridades”
El Colectivo en Defensa del Faro y Cerro del Crestón, en voz del ambientalista Gildardo Izaguirre, anunció que suman cinco amparos presentados en juzgados de Distrito de Mazatlán donde exigen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anule la autorización del permiso para la construcción de una tirolesa en la cima del Cerro del Crestón.
“No es contra un empresario, esto no es personal, es contra las autoridades porque autorizaron una Manifestación de Impacto Ambiental de manera irregular, claramente en la MIA dice que no hay especies en el Cerro y las hay; también es una zona de mucho peligro porque no cumple con la estabilidad y hay riesgo para las personas que quieran hacer uso de esa tirolesa”, comentó.
Durante la conferencia de prensa, comentó que su causa continuará el tiempo que sea necesario y esperan que las autoridades federales resuelvan sus demandas, mientras organizarán actividades para visibilizar que la tirolesa no debe asentarse en el Cerro del Crestón, sino en otra zona que tenga altura como algunas colonias del sur de Mazatlán donde hay cerros que pueden cumplir con los lineamientos.
“Ya hicieron el colado, a mediados de semana hicieron el colado (en la tirolesa), no se ha parado y tiene que ver con las autoridades, nosotros pensamos que están alineados la autoridad municipal y federal, están de acuerdo. Lo que vamos a hacer nosotros es enfocar la lucha para que se anule el manifiesto de impacto ambiental, que se haga otra vez, si se anula se detiene la obra porque cometieron dos errores: uno que hay especies con algún riesgo y la otra que echaron mentiras (con la estabilidad de la zona)”, reiteró Izaguirre.
Ejidatarios de la Isla de la Piedra se suman al colectivo
El caso de la Isla de la Piedra, es otro donde se ha integrado un colectivo que también defiende territorio, su causa es la defensa del Ejido donde, aseguran, se prepara la construcción de un desarrollo inmobiliario turístico que desplazaría a cientos de familias, provocando un conflicto socioambiental con impacto directo en la ciudadanía.
“Aquí se va a hacer el corredor turístico del Norte, desde Mazatlán hasta Texas, aquí el proyecto que se va hacer es un pequeño Dubai, si se dan cuenta lo edificios que se están construyendo en Mazatlán son como un pequeño Dubai, de hecho nosotros paramos porque están por iniciar dos hoteles y los paramos”, comentó Evelia Peña Sánchez, represente del Colectivo de la Isla de la Piedra.
Aseguró que estas obras comprometen más de 2 mil hectáreas y los dueños de los proyectos turísticos buscan despojarlos de su territorio para dar paso a esa construcción, incluso, ya están proyectados los diseños de esas obras turísticas. Lo que busca el Colectivo es que las autoridades federales como la Secretaría de Marina y Semarnat no autoricen construcciones en ese Ejido, de lo contrario, existe alto riesgo de que los inversionistas desplacen a los ejidatarios de la Isla para imponer desarrollos que implican inversiones millonarias y beneficio directo para quienes pondrán su capital.
Es por eso, dijo, decidieron unirse al Colectivo en Defensa del Territorio de Sinaloa para construir redes de apoyo de otros grupos ciudadanos.

Líderes ambientalistas de Ohuira y Mazatlán anunciaron hoy la creación de un frente único por la defensa de las áreas naturales. Foto: Son Playas
Ohuira, la obra que no se detiene
Claudia Quintero Sandoval, una de las representantes del Colectivo en Defensa de la Bahía de Ohuira, denunció en la conferencia de prensa que el Ayuntamiento de Ahome recientemente autorizó permisos para continuar con la obra de la planta de fertilizantes.
“Se supone que, en papel, en Leyes, el proyecto está detenido, sin embargo, conocemos que ellos están trabajando, el Ayuntamiento les dio el permiso para trabajar y está detenido porque hay un proceso jurídico y está detenido, sin embargo, vemos avance, de hecho, la semana pasada un grupo de compañeros fue a solicitar al Ayuntamiento la razón de porque están trabajando y ellos externan que no tienen un oficio de un juez federal para no darles el permiso”, comentó.
Esa situación, dijo, los motivó a buscar alianzas estratégicas con otros ambientalistas, así llegaron a los colectivos de Mazatlán.
“Vamos a seguir luchando, ya hace diez años que se inició, que empezaron a rellenar, a cortar mangle, hicieron la plataforma y las naves de administración y ahí se detuvo; de la planta no hubo ni un solo tornillo ahí está la plataforma, pero de la planta no hay avance desde los amparos que se nos han concedido en definitiva”, agregó.
El caso de la planta de fertilizantes de Ohuira ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha expuesto a nivel internacional por el daño que representaría al sitio Ramsar.
En este contexto, los colectivos pretenden un foro nacional donde expongan la situación en Sinaloa y llamen a las autoridades federales a revertir permisos para obras que amenazan su entorno natural y representan un alto riesgo de desplazamientos de miles de familias.
El contexto de riesgo
En 2023 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) documentó 123 eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México, éstos se documentaron en 282 agresiones entre daños físicos y hostigamiento. De los últimos 10 años, 2023 fue el segundo con más eventos de agresión.
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