Culiacán Sinaloa.- El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura este jueves a la iniciativa en la que la diputada de Morena, Alma Rosa Garzón Aguilar, propone crear la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa y restructurar el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable.
El documento propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Sinaloa, con el objeto de crear una Procuraduría como un órgano descentralizado, con autonomía de gestión y patrimonio propio con atribuciones en materia de denuncia, verificación, auditoria y protección al ambiente.
Dicha iniciativa también tiene el propósito de modificar la integración del Consejo Estatal con la finalidad de ciudadanizarlo, y transferir atribuciones establecidas en la ley vigente a la nueva Procuraduría de Protección al Ambiente.
Y explica que la creación de la Procuraduría es una acción enfocada a la protección del patrimonio ambiental actual, así como su restauración y/o mitigación de la naturaleza destruida o deteriorada por el progreso y desarrollo económico con la intención de garantizar el derecho a un medio ambiente sano a las generaciones actuales y futuras.
En los artículos transitorios de la iniciativa se establece que el Titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa, será nombrado en los términos previstos en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, para lo cual el Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá expedir la convocatoria correspondiente dentro de los sesenta días siguientes al inicio de su vigencia.
Asimismo contempla que el Reglamento Interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa, deberá ser expedido y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, en un plazo que no exceda de treinta días a partir del nombramiento del titular de la Procuraduría Ambiental.
La propuesta estipula que las atribuciones de inspección, vigilancia, substanciación y sanción que en materia ambiental se encuentren asignadas a la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, a partir de la vigencia de la presente Ley, se entiendan conferidas a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa. Asimismo establece que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
Los Ayuntamientos de los municipios, apunta esta iniciativa, deberán adecuar sus respectivos reglamentos en materia ambiental, dentro de un plazo de sesenta días naturales posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto.
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