Culiacán, Sin.- Por lo menos desde 2020 han surgido propuestas al interior del Congreso del Estado para crear una Procuraduría del Medio Ambiente en Sinaloa, iniciativas de ley que se han mantenido en la congeladora.
En su momento, la diputada del PAN de la 63 Legislatura, Roxana Rubio promovió esta legislación con foros y convocando a especialistas; de igual modo, el grupo parlamentario del Partido Sinaloense ha impulsado su propia iniciativa.
Incluso en la agenda legislativa del primer periodo ordinario de sesiones del último año de esa Legislatura, la 63, se hizo el compromiso de sacar un dictamen con la resonancia que generó las últimas reformas a la Ley de Residuos del Estado en 2020, pero nunca sucedió.
Ahora, durante la pasada sesión ordinaria se leyó una iniciativa con proyecto de decreto de la diputada de Morena, Alma Rosa Garzón Aguilar, que reforma la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable para expedir una Ley Orgánica para una Procuraduría de Protección al Ambiente.
Dentro de la exposición de motivos, se lee que Sinaloa ha carecido de un órgano especializado y de seguimiento a los posibles daños en materia ambiental, labor que recaía en la extinta Secretaría de Desarrollo Sustentable
Sin embargo, dicha secretaria fue concentrada en la actual Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) a la llegada del gobernador Rubén Rocha Moya, perdiéndose una ventana de oportunidad para crear la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa.
Dentro de las justificaciones de proyecto, se informa que actualmente existen al menos 17 procuradurías ambientales en México, como en Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Ciudad de México, Baja California, Durango, Coahuila, Estado de México, Campeche, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Quintana Roo.
La presente iniciativa propone una procuraduría como un órgano descentralizado, con autonomía de gestión y patrimonio propio con atribuciones en materia de denuncia, verificación, auditoria y protección al ambiente. Asimismo, se modifica la integración del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable con el fin ciudadanizarlo de la mano de especialistas.
Cabe destacar que la Procuraduría de Protección al Ambiente estaría provista de facultades preventivas, sancionadoras y acusatorias por delitos ambientales de competencia ambiental.
“La Procuraduría tendrá competencia para labores de inspección y vigilancia en todo el territorio del Estado, procurando el cumplimiento de esta Ley, las normas, los programas, el control y la regulación para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; de igual forma atenderá las demandas que los ciudadanos presenten en contra de actos que afecten y dañen la ecología y el equilibrio del entorno natural”, se lee en el documento.
De igual forma, este organismo actuaría a través de cuatro líneas estratégicas: denuncias y quejas, de verificación de establecimientos comerciales e industriales, de realización de auditorías ambientales, y de recursos naturales.
“Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría o ante otras autoridades ambientales en el Estado, todo hecho, acto u omisión de competencia federal, estatal o municipal que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a los recursos naturales”, se indica.
Y en los casos que así dictamine, la Procuraduría deberá requerir a las autoridades competentes la imposición y ejecución de medidas de seguridad, correctivas o cualquier otra medida cautelar y sanciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Además, se contempla un órgano de gobierno con enfoque de participación ciudadana, se establece que la Dirección Ejecutiva recaerá en la figura de un Procurador Ambiental, para el desempeño de sus atribuciones contará con una Secretaría Técnica; una Dirección Jurídica; la Dirección de Inspección, Vigilancia y Auditoria Ambiental; una Dirección Administrativa; la Dirección de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social.
Asimismo, la Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, es necesario señalar que a este proyecto apenas se le dio primera lectura.
¿Se cristalizará esta vez la Procuraduría del Medio Ambiente en Sinaloa?
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