Carecen de legitimidad y credibilidad las encuestas como método para decidir asuntos de trascendencia nacional, siendo el caso de la reforma al Poder Judicial Federal, porque al dominar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador según lo ratificó la elección del 2 de junio, existe el riesgo de que los ciudadanos confundan entre apoyar al presidente y fortalecer el estado de derecho, que son dos cosas distintas.
Un sistema judicial autónomo e independiente de los demás poderes es la única probabilidad de equilibrio en un México donde el control absoluto del Ejecutivo sobre el Legislativo prevé del riesgo de autocracia donde una sola persona gobierne sin contrapesos, utilizando el aparato público para reprimir a disidentes y que ninguna voz sea considerada válida más que la del tirano anulando la libertad de expresión.
Las democracias más avanzadas logran decisiones electorales que fortalecen las garantías ciudadanas, la transparencia y modelos anticorrupción de rápida acción y sanción, debido a que la división de poderes resulta del voto inteligente, debidamente direccionado y políticamente correcto. Por ejemplo, el índice de calidad democrática que anualmente elabora y publica The Economist reitera en 2023 a España como una de las 24 democracias plenas del mundo por su calidad del sistema electoral, el nivel de pluralismo y el ejercicio de las libertades.
En México, a pesar del unipartidismo a ras del despotismo sigue siendo asunto de la sociedad la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de cerrar el capítulo de las votaciones y abrirle el nuevo ciclo a la lucha cívica que evite que el máximo tribunal resulte anexado a la todopoderosa Cuarta Transformación de insaciable sed de dominio absoluto, con la mayoría de asambleístas esclavizados al capricho del lopezobradorismo.
Hay antecedentes recientes de que un importante sector de mexicanos continúa dispuesto a la salvaguarda de garantías que la Carta Magna considera fundamentales, lejos de la efervescencia política que nutre a políticos y servidores públicos enfermos de poder.
Ahora que una encuesta pretende ser el instrumento que socave la autonomía del Poder Judicial, ninguno debe estar cruzado de brazos porque el régimen de legalidad podría reducirse a gobiernos desde la arbitrariedad.
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