Si avanza la reforma al Poder Judicial Federal a pesar de las advertencias que hace la comunidad internacional, la oposición de una parte importante de mexicanos y la creciente percepción de que López Obrador quiere poner en vilo al país como un último capricho sexenal, será la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la que pague el derivado costo político al menguar la confianza en que encabece su propio proyecto de nación sin la sombra de quien pretende perpetuarse en la conducción nacional después de que el primer día de octubre concluya el período constitucional de mando.
El empeño de López Obrador por sacar adelante sus reformas constitucionales, y la disposición de la actual y futura mayoría del Movimiento Regeneración Nacional y aliados en el Congreso de la Unión por aprobarlas así llueva, truene o relampaguee, le da forma a la primera señal clara de sometimiento de Sheinbaum al dictado del todavía mandatario federal y del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación que tiene como arquitecto al político tabasqueño.
Al ir por el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eligiendo a los integrantes mediante un voto popular hoy dominado por Morena, México se aproximará a un régimen dictatorial donde la única voz y decisión que valga es la del presidente de la república en turno, resultado de anular al Poder Judicial como único contrapeso le que corrige al Ejecutivo las tentaciones de corte tiránica.
No se trata solamente de la alerta que emite la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en el sentido de que el narcotráfico podría promover a sus propios jueces al plantearse su nombramiento por la vía del voto, sino de la nota del gobierno de Estados Unidos considerando que la transparencia judicial es vital para los inversionistas tanto mexicanos como extranjeros, o la inquietud europea porque dicha reforma viola estándares internacionales y socavan la democracia en México.
En todo caso, de salir adelante la reforma que elimine a la Corte como equilibrio entre poderes, sería Claudia Sheinbaum la que estaría desempeñando el rol de apagafuegos frente a los incendios que López Obrador le genera antes de dejar el cargo, no obstante que a la presidenta electa se le nota demasiado apegada a la voluntad amloísta.
Caer en el error de convertir el mandato popular del 2 de junio en cheque en blanco, para hacer de México lo que quiera una sola persona, hará que los ciudadanos salgan en masa a aclarar de una vez por todas que el espíritu del voto no es a favor de un gobierno autocrático.
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