Existe el doble crimen, uno de tipo delincuencial y el otro de índole moral, en el robo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades graves en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, lo cual demanda la indagatoria profunda que soporte la correspondiente carpeta de investigación y la acción judicial que sienten un precedente en cuanto a las consecuencias jurídicas que paguen los implicados.
Sin embargo, de igual forma deriva la pregunta colosal sobre si este saqueo de fármacos atenuantes de padecimientos terminales es acaso la punta de la madeja de prácticas generalizadas en el sistema de salud pública, o un hecho aislado que exige el endurecimiento de la inspección y control pues sería poco factible perpetrar tal sustracción sin la complicidad de mandos en hospitales o funcionarios delegacionales.
Es obligación de la ley y los tribunales determinar las sanciones a aplicar por el delito en sí del robo de insumos adquiridos con recursos públicos, pero la afectación a la salud de los pacientes que dejaron de recibir sus tratamientos denuncia la carencia de filtros y protocolos de seguridad que detecte y detenga a los saqueadores que en con su acción ponen en peligro la vida de derechohabientes del IMSS que son niños, adultos mayores y mujeres, entre estos.
¿A cuánto asciende el monto del robo tomando en cuenta el tiempo que lleva la comisión de estos ilícitos? ¿Hasta qué nivel de mandos llegan los eslabones del saqueo que no es de unas cuantas personas sino cuestión de colaboración institucional, por acción u omisión?
¿Es un problema que se da únicamente en Sinaloa o está propagado al resto del país? ¿Afecta nada más al IMSS o los daños están extendidos a la salud pública en general? ¿Será llevado ante la justicia como caso aislado o representará la hebra que conduzca a una red de hurto y confabulación?
En tanto se conocen más detalles de la actuación ministerial y judicial federal quedan bastantes preguntas en el aire y crece la preocupación de que el desabasto de medicamentos a pacientes de instituciones de seguridad social sea a consecuencia del robo y colusión a alto nivel, sin omitir la interrogación de cuántas personas perdieron la vida al no disponer de medicinas que les significaban la encrucijada de vida o muerte.
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