El conflicto entre la UAS, el Gobernador y el Congreso se traslada al papel

Culiacán, Sinaloa.- El conflicto entre la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya y el Congreso del Estado ha pasado de las declaraciones mediáticas a un intercambio de oficios oficiales. En los últimos días, las tres instituciones intercambiaron documentos que giran en torno a la apertura al diálogo y la posible reforma de la Ley Orgánica de la UAS.

Para concoer la postura de las tres partes, Espejo hizo una revisión de los tres documentos.

Llamado del Congreso del Estado a la UAS (28 de junio)

El primero en intentar abrir la vía de comunicación fue el Congreso del Estado, quien envió un oficio a la UAS en el que expresa su disposición al diálogo con la comunidad universitaria y autoridades de la Casa Rosalina para dar continuidad a la armonización de la Ley Orgánica de la institución de educación superior.

En este escrito, el Congreso del Estado informa que “dará inicio a la primera etapa del proceso legislativo para dar curso a 36 iniciativas presentadas por Universitarios y la Sociedad Civil que proponen reformar la Ley Orgánica de dicha Institución Superior”, por lo que invita a las autoridades universitarias a presentar una propuesta de iniciativa de reforma donde se tome en cuenta la opinión de la comunidad universitaria a través de una Consulta.

Asimismo, el Congreso informa a la UAS sobre su desistimiento al recurso de revisión respecto de la sentencia dictada en el juicio de amparo 262/2023 por un Juez Federal.

“Sirva el presente para hacerle una atenta y respetuosa invitación a una mesa de diálogo, donde converjan la pluralidad de ideas y puntos de encuentro, con el objeto de avanzar en una tarea ineludible: la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

De ahí que el Congreso del Estado esté abierto al diálogo y, por la vía de los hechos, con la presentación del desistimiento, expresamos nuestra voluntad política para resolver cualquier diferencia en aras de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Educación Superior, donde cada ente desde su naturaleza jurídica cumpla con sus atribuciones Constitucionales y Legales. Nuestra perspectiva: que el destino de la institución esté en manos de los propios universitarios orientados por los preceptos constitucionales y las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Educación Superior”, menciona el comunicado firmado por el diputado Ricardo Madrid Pérez, en representación del Congreso del Estado.

Rectoría de la UAS al Gobernador del Estado (1 de julio)

Por su parte, Robespierre Lizárraga Otero, encargado del Despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), no respondió al Congreso del Estado, sino que envió un oficio al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, invitándolo a acatar el exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador y retomar el diálogo iniciado en la Secretaría de Gobernación “en torno al conflicto existente entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa”.

A través del escrito, el funcionario universitario destacó que la agenda del diálogo debe incluir todos los temas que el conflicto implica.

“En espera de una positiva respuesta a esta invitación, le reitero nuestra mejor disposición de construir un ambiente de concordia y reconciliación en favor de la educación, de los jóvenes y de Sinaloa, que son nuestra prioridad común”, se lee en el oficio.

Respuesta del Gobernador a Rectoría de la UAS (1 de julio)

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, respondió a Robespierre Lizárraga también a través de un oficio, en el que afirma que no existe ningún conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y la UAS, pues señala que hay constancia de que en su administración siempre se ha apoyado a la institución.

En cuanto a la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, el gobernador declaró que eso es competencia exclusiva del Congreso del Estado, ya que ninguna de las iniciativas existentes ha sido presentada por él.

En ese sentido, agregó que, en lo que atañe a las investigaciones de orden penal y a las causas judiciales en las que se imputan hechos de corrupción a servidores y ex servidores públicos de la UAS, son “de la exclusiva competencia constitucional de la Fiscalía General del Estado y de los jueces del Poder Judicial, respectivamente”.

“En esa virtud, en lo que concierne a dichos temas, me permito sugerir respetuosamente a usted dirigir comunicación a dichas autoridades autónomas competentes”, exhortó el gobernador a través del oficio enviado al encargado del Despacho de Rectoría.

Este intercambio de oficios ha sido dado a conocer por las tres partes involucradas en este enfrentamiento de acusaciones y señalamientos que dio comienzo desde marzo del 2023 cuando se publicó la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.