Culiacán, Sin.- Jesús Madueña Molina fue vinculado a proceso por tercera vez por desempeño irregular de la función pública, en esta ocasión por realizar contrataciones irregulares de obra pública entre 2022 y 2023.
La misma imputación fue para Héctor Melesio Cuén Díaz (quien se presentó vía Zoom) y el resto de ex integrantes del Comité de Adquisiciones en ese periodo, en una audiencia que se prolongó por casi 9 horas.
El Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, aceptó los elementos de prueba de la Fiscalía del Estado, acreditando que los acusados supuestamente utilizaron recursos públicos del estado de Sinaloa para efectuar contratos de manera directa, cuando debieron haber sido mediante licitación pública por rebasar los montos permitidos por ley.
Estas compras irregulares se llevaron a cabo con la empresa Arquitectos Constructores de Sinaloa S.A. de C.V., cuyo propietario es Nazar Augusto Sánchez López.
De igual forma, el juez consideró las facturas por 10 millones de pesos emitidas por la UAS a dicha empresa en 2021, y otros 10 mdp más en 2022, pese a que el Ministerio Público admitió que las facturas pagadas para el primer año fueron de 3 millones 600 mil pesos y 4 millones 231 mil pesos en el segundo año, mientras que otras facturas no han sido pagadas.
Para evitar estas acusaciones, los abogados particulares de los imputados y los representantes legales de la UAS argumentaron que ni Jesús Madueña, ni los otros funcionarios son servidores públicos, ni podían someterse a la Ley de Servidores Públicos del Estado, ya que son trabajadores regidos por la Ley Federal del Trabajo.
También señalaron al Juez de Control que no tenía atribuciones para llevar a cabo este proceso judicial, ya que los montos discutidos, sostuvieron, fueron partidas federales y por lo tanto tendría que ser un juez federal o la Auditoria Federal de la Federación la que en dado caso presente una denuncia penal.
Luego que el juez declaró la vinculación a proceso, los agentes del MP pidieron medidas cautelares que iban desde pedir que los imputados acudieran a firmar una vez a la semana, ser suspendidos de sus cargos (por tercera vez) y avisar en dado caso de salir de Culiacán.
Cabe mencionar que particularmente para el caso de Cuén Diaz, la Fiscalía solicitó que se someta a una institución de vigilancia, ya que dijeron no tener certeza de dónde se encuentre y durante la audiencia no lo precisó.
Sin embargo, el juez rechazó todas estas solicitudes y solo estableció las medidas cautelares a los imputados de acudir a firmar cada 30 días y únicamente no salir del país, menos para Óscar Orlando Gadrón, quien ya es un trabajador jubilado de la universidad.
Posterior a ello, el representante legal de la UAS, Yamir de Jesús Valdez Álvarez, no ocultó su molestia por la resolución del juez criticándolo por “prestarse a este circo”, señalándolo de ser “una vergüenza para el sistema de justicia penal”.
Finalmente, el Juez de Control concedió un plazo de tres meses para que la Fiscalía del Estado termine sus investigaciones, que implicaría realizar una serie de entrevistas a trabajadores de la UAS de las áreas de construcción y mantenimiento.
Al término de la audiencia, cientos de trabajadores universitarios se encontraban a la espera de Jesús Madueña en la explanada de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, reavivando las consignas de “fuera Rocha”.
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