Militares y policías, responsables de 226 agresiones contra defensores por interoceánico en Oaxaca

Texto y fotos: Antonio Mundaca / El Muro MX

Oaxaca de Juárez.- El proyecto del Corredor Interoceánico se ha desarrollado en Oaxaca a través de ‘métodos autoritarios’ que incluyen casos de desaparición y desplazamiento forzado de comunidades indígenas, y un total de 226 agresiones a personas defensoras, incluidas mujeres e infantes, afirmó la Misión Civil de Observación (MCO), integrada por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos.

Durante la presentación del informe en la ciudad de Oaxaca, concluyeron que entre mayo de 2021 y mayo de 2024, el Estado mexicano aplicó métodos autoritarios para imponer el proyecto y la militarización de los territorios indígenas, que se agrava por los poderes y actores políticos locales y estatales ligados al crimen organizado, que se han dedicado a velar los intereses de las empresas trasnacionales.

Luz Coral Hernández, representante de la organización Territorios Diversos para la Vida, una organización civil que acompaña procesos de defensa de la naturaleza, sostuvo que a nivel nacional no se ha dimensionado el impacto ni entendido la gravedad de lo que sucede en el Istmo de Tehuantepec, en el que la mayoría de las agresiones las cometen los cuerpos de seguridad pública, militares y fiscalías.

Afirmó que tienen contabilizados 72 ataques directos contra personas defensoras indígenas ayuuk y zapotecas; cinco de esos ataques directos fueron contra mujeres que fueron violentadas sexualmente por elementos de la Marina (Semar), y un registro de 27 perpetradores –entres policías estatales y municipales– de las regiones de Oaxaca.

“A diferencia del Tren Maya el Corredor Interoceánico ha tenido poca atención de los grandes medios. En algunos casos se han contado únicamente las versiones oficiales, pero no se ha explicado quiénes son las personas que resisten, por qué y cómo”, dijo Carlos Beas Torres, Coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), una organización social con más de 37 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca.

Aseguró que existen al menos 15 casos de probable desaparición forzada ejecutados por elementos de la Fiscalía oaxaqueña y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. “A pesar del interés de las comunidades, el gobierno de Salomón Jara ha cerrado el diálogo alegando que el asunto ahora está en manos de la Guardia Nacional y comandantes militares”.

“Desde hace un año no ha habido respuesta tampoco a la documentación que se obtuvo durante la semana que duró el proceso de observación civil con las comunidades. Todo ha sido una simulación en la que el gobierno oaxaqueño se niega a reconocer el papel de víctima de las personas defensoras, y con eso niega el derecho a la reparación del daño y a la no repetición”, denunció.

Natanael Hernández, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y vocero de 86 organizaciones en 23 Estados de México, indicó que en Oaxaca se ha hecho uso del sistema de justicia para reprimir los derechos humanos sin que el gobierno estatal intervenga, sino por el contrario, actué como cómplice”.

Desde enero de 2023, con la llegada de Salomón Jara al gobierno, han aumentado las agresiones y se ha abusado del derecho penal para minar la defensa. Por un lado, hay un discurso de acceso a la justicia, pero por el otro, hay procesos penales abiertos e impactos ambientales que afectan a las comunidades y que se están ignorando. El panorama es complicado porque hay un vínculo fuerte de actores y poderes gubernamentales con grupos del crimen en todos los municipios del Istmo, precisó el especialista.

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Esta nota fue publicada originalmente en El Muro MX, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.