El Ejército, Marina Armada y Guardia Nacional deben permitir la supervisión por parte de organizaciones de derechos humanos a los intensos operativos que realizan en la sierra de Badiraguato para impedir que se repitan abusos cometidos en el pasado contra la población pacífica, dentro de la estrategia para combatir al crimen organizado en Sinaloa.

Imágenes, quejas y miedos circularon ayer por la acción que las fuerzas federales realizaron en las inmediaciones de La Tuna, la zona emblemática de la familia del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, así como en las comunidades de San José de los Llanos y El Durazno, generando la percepción de que se trataba de situación de guerra.

 

Pero sobre todo la permanente negación de información puntual y creíble por parte de militares y policías que actúan en Badiraguato, tiende un manto de sospecha al no existir la versión oficial y predominar la narrativa que llega a través de redes sociales o llamados de auxilio de la gente que se dice en estado de pánico y de víctima colateral.

La intervención de instituciones de defensa de derechos humanos es fundamental para prevenir que en los ataques a criminales se afecte a habitantes que nada tienen que ver con  grupos que actúan al margen de la ley, trayendo al presente episodios terribles para mujeres, niños y ancianos que durante la Operación Cóndor de los años setenta fueron diezmados por las labores castrense.

¿Qué es lo que está pasando en realidad en la región alta de Sinaloa? ¿Las autoridades proceden a cuidar que la acometida contra el narco en nada perjudique a la gente de bien? ¿Podrá tenerse el doble propósito de contener al crimen y cuidar a los ajenos a éste?

 

El Gobierno Federal y sobre todo el gobernador Rubén Rocha Moya deben no sólo permitir sino impulsar la observación del ombudsman sinaloense que certifique que no existen agravios contra los pacíficos.

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