Sinaloa.- El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) tendrá que hacer una consulta para una posible reforma a la Ley Orgánica.
Se trata de uno de los acuerdos principales en la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la mesa de negociación en la que estuvieron presentes Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de la Rectoría, y el gobernador Rubén Rocha Moya.
Consultado vía telefónica por Revista ESPEJO, el gobernador Rocha Moya dijo que en la negociación, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, participó como mediadora, con la intención de que se fijaran acuerdos específicos. En la mesa se cuestionó por qué no hacer una reforma, Lizárraga Otero refirió la autonomía y que según los estatutos debía ser bajo acuerdo de la comunidad universitaria.
La secretaria de Gobernación señaló que se hiciera así, bajo esa premisa, y que se iniciara un proceso de consulta hecha por el propio Consejo Universitario.
“La debe hacer el Consejo Universitario, su órgano máximo de gobierno… pero ya quedó claro, porque los diputados dijeron que no la iban a hacer, que la haga la Universidad. Se le preguntó (a Robespierre Lizárraga Otero) si existe algún impedimento para eso y dijo que no. La secretaria dijo ‘pues que se haga'”, aseguró Rocha Moya.
“Eso de que si la reforma la tiene que pedir la Universidad, sí, pero en Sinaloa existe la reforma ciudadana y hay 36 iniciativas y la secretaria les dijo ‘hagan la suya’. Se tiene que legislar porque cada iniciador tiene un derecho, de que se dictamine su iniciativa y tiene que caminar, es obligado que tienen que dictaminar, pero lo que no pueden hacer los diputados es votar sin antes haberlo consultado a la Universidad”.
En un comunicado emitido por la Universidad, se estableció que Lizárraga Otero dijo que “no se toca la autonomía universitaria. Cualquier proceso legal tendrá que cumplir lo que señala la Constitución y la Ley respectiva, emerger de la comunidad universitaria, sin intervenciones de ningún ente externo”.
En ese sentido, Rocha Moya insistió en que los universitarios serán quienes digan qué se hace con un dictamen del Congreso del Estado, pero no sin antes una consulta a toda la comunidad.
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