Después de la confirmación que realiza Ismael Zambada García, de que fue llevado a Estados Unidos de manera forzada, en contra de su voluntad por una trampa tendida por Joaquín Guzmán López, la prioridad del gobierno federal y estatal consiste en garantizar la seguridad de los sinaloenses ante la alta posibilidad de confrontaciones entre ambos segmentos del Cártel de Sinaloa.

Si bien es cierto que el despliegue de fuerza pública militar y policial es evidente en torno a las zonas en que se asientan los mandos de los grupos del narcotráfico involucrados, también resulta palpable el ambiente de tensión ciudadana ya que la experiencia dice que el crimen organizado actúa cuando así lo decide sin que el Ejército y las corporaciones civiles lo puedan evitar, y los sustentos de tales preocupaciones son los Culiacanazos del 17 de octubre de 2019 y 5 de enero de 2023.

Independientemente de la atracción del caso Zambada que ejerció la Fiscalía General de la República, lo fundamental en tanto avanza la correspondiente carpeta de investigación tiene que ver con blindar a las familias y sus actividades de cualquier amenaza y no caer en excesos de confianza, alardes del todo tranquilo y más complicidades con la delincuencia como la del comandante de la Policía de Investigación de Sinaloa que le brindaba protección a “El Mayo”.

El caso Ismael Zambada y Joaquín Guzmán es mucho más que el morbo que deriva, el sensacionalismo con que se aborda, y las especulaciones a las que incita, porque depende de la tranquilidad que aporten las instituciones y quienes las presiden el hecho de que Sinaloa deje de ser polo de atención en cuanto a violencia y sobreposición de la gran delincuencia por encima del Estado de derecho.

En la carta de Zambada éste hace un llamado “a la población de Sinaloa a la mesura y a mantener la paz en nuestro estado. Nada se resuelve con violencia. Ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos“, sin embargo, a él le compete detener la acción bárbara de sus sicarios y al gobierno velar por la seguridad de los ciudadanos pacíficos. Por el bien de Sinaloa, ojalá que ambas partes hagan bien lo que a cada una le corresponde.

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