Culiacán, Sinaloa.- Los anexos o centros residenciales siempre deben ser el último recurso a la hora de atender una adicción en niños, niñas y adolescentes, pues contrario a lo que se espera, estos lugares puede ser perjudiciales para su salud y bienestar, así lo dieron a conocer especialistas de la Comisión Nacional contra las Adicciones y Salud Mental (CONASAMA).

En el panel “Hablemos de los llamadas anexos o residenciales”, Mariana Reyes, subdirectora de CONASAMA y Araceli Flores, psicóloga clínica de la institución, hablaron sobre los riesgos de estos lugares, los cuales ofrecen tratamiento para personas con problemas de uso de sustancias psicoactivas, pero que en muchos casos tienen prácticas que llegan a ser negativas y traumáticas.

De acuerdo con Mariana Reyes, la mayoría de los padres se enfrentan a preguntas difíciles sobre qué hacer cuando detectan que su hijo o hija a consumido estas sustancias, y en lo primero que piensan es en internarlo en un centro, sin embargo, estos lugares deberían ser el último recurso en el tratamiento de adicciones y se debe privilegiar la atención ambulatoria.

En muchos casos, el consumo en menores de edad llega a ser experimental o por curiosidad, por lo que la internación en anexos podría tener más riesgos que beneficios como la exposición a experiencias más fuertes de consumo.

“Porque después los revuelven con población adulta, la población adulta comparte experiencias de mucho tiempo de consumo o bien otras experiencias relacionadas y  entonces ¿Qué va a pasar con esta niña, niño o adolescente que internaron ahí? Va a salir con a otra  problemática, algún tipo de resentimiento con la familia, algún tipo de molestia porque a final está en contra de su voluntad, no quiere estar ahí y sabemos que un factor de riesgo importante para los menores de edad es estar fuera de su casa, de su familia y de su entorno”, dijo.

 

Agregó que se han dado casos donde los menores de edad han sido internados no por problemas de consumo, sino por situaciones de mala conducta donde los padres al no saber qué hacer con ellos los encierran en estos lugares, poniéndolos en riesgo y afectando su salud mental y física.

“A este problema de conducta le llaman ingobernabilidad y la familia los meten para que estén ahí resguardados para que no los molesten porque no sabrían qué hacer con ellos. Invitamos a la familia a no meterlos a este tipo de centros, no son centros para tratar este este tipo de conductas sino más bien mejor vayan con un profesional de la salud”, dijo.

 

Reyes señaló que el internamiento sólo debería considerarse en casos de consumo compulsivo de sustancias psicoactivas, donde el ambiente del menor no le permite abstenerse. Pero antes de ello debe existir un tratamiento ambulatorio donde se involucre a toda la familia y un diagnóstico de parte de profesionales de la salud, en donde se puedan detectar si el consumo es leve o severo y otros problemas que suelen estar relacionados como ansiedad o depresión.

Dijo que para cumplir su función, los centros residenciales o anexos deben contar con verdaderos tratamientos guiados por profesionales de la salud que les permitan a las y los internos tener herramientas y estrategias para volver a su vida cotidiana y no recaer en las adicciones. 

Por su parte, Araceli Flores, psicóloga clínica, recomendó a las familias el no dejarse llevar por las recomendaciones de un vecino o un familiar a la hora de elegir un anexo para internar a una persona, sino que se debe verificar que cumpla con toda la normatividad y que estén dentro del directorio de centros reconocidos por CONASAMA.

Se ha detectado que hay anexos que violentan los derechos de sus internos al no permitirles recibir visitas, retenerlos contra su voluntad o se les administra medicación para sedarlos.

En cuanto a la atención de personas que llegan intoxicadas a los centros de tratamiento, Flores recomendó que las familias busquen primero una unidad hospitalaria para llevar a cabo una desintoxicación inicial y posteriormente se tome la decisión sobre qué tratamiento es el más adecuado. Esto, pues muchas veces los anexos no cuentan con la infraestructura o el personal adecuado para atender estos casos y ponen en riesgo la vida del paciente.

“Hay establecimientos que en este apoyo de querer manejar un proceso inadecuado de desintoxicación, incluso pues retienen a los usuarios, transgreden su propia condición de vida, sus derechos humanos y a veces los otorgan medicamentos para sedarlos o lo que conocemos también que les dan té con alcohol y esos son procedimientos inadecuados porque incluso ponen más en riesgo la vida de la personas usuarias”, dijo.

 

Ambas especialistas recomendaron a las familias mantenerse informadas sobre los tratamientos ante un problema de adicción y sobre todo, estar al lado de los menores de edad durante el proceso de tratamiento.

¿Cómo surgieron los anexos en México?

 

De acuerdo con Mariana Reyes, los anexos tienen su origen en los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA) que llegaron a México desde Estados Unidos en los años 50 y 60.

Inicialmente, explicó, estos grupos ofrecían sesiones de una hora y media, pero debido a que los participantes buscaban más tiempo de atención, comenzaron a surgir grupos de 24 horas, con múltiples sesiones a lo largo del día.

Con el tiempo, los familiares de personas con problemas de alcoholismo solicitaron a los encargados de los grupos que permitieran a los miembros quedarse a dormir, ya que en casa ya no podían manejarlos. Así, se crearon espacios adicionales, o “anexos”, donde los individuos podían alojarse y recibir atención.

“Así empezó a surgir el término anexo, también se les denomina granjas en otros lugares porque es rural y ahí hay ganado, ahí producían sus propios alimentos”, dijo.

 

Agregó que desde los años 70, los anexos han brindado tratamientos principalmente de manera empírica, basándose en la experiencia personal de ex consumidores que se convierten en “padrinos” y “madrinas”.

Sin embargo, agregó que a partir de 1999, con la implementación de la Norma Oficial Mexicana 028 para la prevención y tratamiento de las adicciones, se comenzó a regularizar estos centros.

“Desde entonces se empezaron a pedir algunos requisitos que se deben de contar para que no operarán solamente de manera empírica, sino que ya se diera un trabajo más profesional en estos centros”, agregó.

 

Actualmente, mencionó, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones tiene 193 centros reconocidos que cumplen con la normativa y respetan los derechos humanos, brindando trato digno, alimentación balanceada e instalaciones adecuadas.

Los centros de tratamiento de adicciones se clasifican en tres tipos: centros de ayuda mutua, centros mixtos y centros profesionales.

Los centros de ayuda mutua son gestionados por exconsumidores, conocidos como consejeros o consejeras, que han pasado por un proceso de rehabilitación y ofrecen tratamiento basado en su experiencia personal.

Los centros mixtos combinan la experiencia de los consejeros con la atención de profesionales de la salud.

Los centros profesionales están dirigidos exclusivamente por profesionales de la salud, y se cuenta con 53 de estos centros públicos a nivel nacional.

Por otra parte, informó que se cuentan con los Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), antes conocidos como UNEPE CAPA, en donde se brinda atención y consultas profesionales para la prevención y tratamiento de sustancias psicoactivas.

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