Al publicarse hoy la convocatoria para que el Congreso del Estado designe al titular de la Fiscalía General del Estado, en tiempo récord de una semana, se abre una nueva oportunidad para que la función ministerial resulte fortalecida en el combate a la impunidad, con carpetas de investigación firmes en pruebas y en arrestos en beneficio de la prevalencia del marco jurídico que aporte al combate de las delincuencia como la única manera de alcanzar mejor seguridad pública.
El proceso para la selección de los cinco mejores perfiles, de los que el gobernador Rubén Rocha Moya integrará la terna que enviará al Congreso del Estado para que sea éste el que decida por mayoría de votos de los diputados, reclama la buena voluntad de los aspirantes y los que harán la designación para que al margen de criterios políticos, de compadrazgos y tráfico de influencias, Sinaloa cuente con el o la mejor fiscal.
Al Consejo Estatal de Seguridad Pública le corresponde vigilar el procedimiento al representar la lupa ciudadana que detecte y elimine intromisiones que lejos de apoyar una designación a favor de los sinaloenses en general, lo que buscan es convertir a la fiscalía en agencia de colocaciones para los allegados de políticos en el poder, violentando el principio de autonomía de la institución del Ministerio Público.
Lo más importante en estos momentos es dotar de credibilidad y legitimidad al fiscal que llegue al cargo después de la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada, la cual ocurrió por el informe demoledor de la Fiscalía General de la República que echó abajo las indagatorias iniciales sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador y dirigente del Partido Sinaloense.
El mismo caso Cuén Ojeda que ha sido atraído por la FGR y que necesita de definiciones respecto a la reunión que el virtual diputado federal electo sostendría el 25 de julio con Ismael “El Mayo” Zambada García, así como la permanencia de la inflexible acción de la ley contra ex directivos de la UAS acusados de desempeño irregular de la función pública, demandan que a quien esté al frente de la FGE no le tiemble la mano ni las corvas al hacer valer el marco jurídico. Es decir, necesitamos un fiscal comprometido con la sociedad, no más con mafias políticas o criminales.
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