Ciudad de México.- El Índice de Burocracia en América Latina 2023, presentado por México Evalúa y COPARMEX, arroja luz sobre el pesado costo regulatorio que enfrentan las micro y pequeñas empresas en México.
Según el informe, estos negocios destinan en promedio 506 horas al año para cumplir con trámites burocráticos, una carga que afecta significativamente su productividad y capacidad de crecimiento, revela el estudio.
Este índice, que mide el impacto de la burocracia en las empresas, destaca que las micro y pequeñas empresas, que generan el 60% del empleo formal y contribuyen con el 25% del PIB en América Latina, son las más afectadas.
Los 21 días al año dedicados a cumplir con la normativa burocrática representan un costo de oportunidad que no solo frena su desarrollo, sino que también incentiva prácticas como la informalidad y la corrupción, afirma.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, enfatizó durante un webinar la necesidad de una transformación profunda en la cultura administrativa del país.
“La simplificación y agilización de la burocracia requiere una transformación profunda de la cultura administrativa, que incluye la adopción de enfoques centrados en el ciudadano, la transparencia en la gestión pública, la colaboración interinstitucional y la implementación de sistemas digitales eficientes y respetuosos de la privacidad de los datos”, explicó.
El reporte también muestra una disparidad significativa en la carga regulatoria dependiendo del tamaño de la empresa. Mientras que las grandes empresas destinan en promedio 374 horas al año para cumplir con estos requisitos, las medianas gastan 137 horas, las pequeñas 78, y las micro 39 horas. Este panorama pone de relieve la urgencia de implementar mejoras regulatorias que faciliten el trabajo y el emprendimiento, especialmente para los pequeños negocios que son el motor económico del país.
Por su parte, Juan José Cabrera, vicepresidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de COPARMEX, subrayó que cualquier nueva regulación debe traducirse en trámites más sencillos y no en costos adicionales.
“Una nueva regulación no debe traducirse en costos adicionales para las empresas, sino en trámites más sencillos y eficientes. Deben construirse sistemas municipales y estatales de mejora regulatoria”, comentó.
Los expertos coinciden en que la falta de certidumbre jurídica, exacerbada por la reforma judicial y la posible desaparición de órganos reguladores autónomos, podría convertirse en un obstáculo significativo para la inversión en México, tanto nacional como extranjera.
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