Lenta y costosa burocracia condena a las Pymes a la informalidad

Culiacán, Sinaloa.- La burocracia mexicana destacada por su lentitud y pesadez, es una de las principales barreras que impide formalizarse a muchas pequeñas empresas, lo que al final las relega a la economía subterránea. Además de implicar altos costos y prolongados periodos de tiempo, los procesos burocráticos carecen de la simplicidad necesaria para estar al alcance de cualquier tipo de persona.

De acuerdo con el Índice de Burocracia de América Latina, elaborado por Atlas Network, la tramitología excesiva entorpece la actividad productiva y comercial. Desalienta nuevas inversiones y esfuerzos creativos, además de que consume recursos financieros y humanos que podrían estar destinados a la producción e innovación. Apunta, además, que es un factor determinante en la informalidad de las empresas:

“También empuja a millones de empresarios y emprendedores a la informalidad, llevándolos a actuar al margen de la ley y en consecuencia fuera del radar de los necesarios controles, lejos de las posibles herramientas para la implementación de políticas públicas efectivas”, se puede leer en el documento.

Llevar a cabo los trámites que se exigen para entrar en operaciones, resulta en una onerosa carga de tiempo y dinero para las empresas. Para el pequeño empresario, con poco personal y capital económico, resulta prohibitivo el permitirse destinar sus pocos medios para cumplir con el marco regulatorio. “Les condena a la informalidad”, dice la publicación antes mencionada.

Los datos presentados muestran que en nuestro país hay un total de 15 trámites indispensables para que una pequeña empresa pueda comenzar a operar formalmente. El tiempo necesario para ejecutarlos se calcula en un promedio de 652 horas, aproximadamente. Es decir, 27 días completos u 81.5 jornadas laborales, poco más de 3 meses.

De acuerdo con los últimos datos de la Coparmex, las microempresas mexicanas formales, aquellas con menos de 10 empleados, dedican un promedio de 39 horas mensuales a atender trámites burocráticos. Si trasladamos este tiempo a horas de trabajo con el sueldo promedio de Sinaloa, encontramos que equivale a 2,174 pesos. Al año, esto es el 1.3% de la media de ingresos anuales de las empresas de este tamaño, tomando como base la segmentación que hace el Diario Oficial de la Federación. Generalmente, un margen de utilidad equilibrado para las microempresas es cercano al 10% de sus ingresos.

Trámites concernientes a atender las obligaciones fiscales de las empresas, por ejemplo, son uno de los más inaccesibles. La complejidad de la burocracia tributaria obliga a los pequeños empresarios a contratar los servicios de un contador, lo que grava sus limitados recursos. De no hacerlo, corren el riesgo de que, producto del desconocimiento, incurran en alguna falta administrativa o sean objeto de cargos incorrectos por parte de la autoridad hacendaria.

Adalberto Sánchez, expresidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, asegura que los trámites de registro obstaculizan a los nuevos negocios y emprendedores. “Se desanima el que quiere andar bien”, dice.

“Cumplir con todo es un problema para emprender negocios. Al principio los proyectos están muy bien, pero cuando ya se enfrentan a los procesos de registros y cumplimientos, nada más para que estén establecidos legalmente, ¿qué es lo que hace la gente? Vete para el malecón, y mira todos los negocios que hay. Todo mundo vendiendo pero no declaran nada”.

“Ahorita para ser empresario ocupas mucho valor. No hay facilidades”, sentencia.

El IMCO coloca al estado de Sinaloa como la doceava entidad federativa con menor informalidad laboral, con un 46% de los trabajadores del estado pertenecientes al sector desregulado. Este resultado queda por debajo del promedio nacional, del 54.8%. Sin embargo, alrededor del 55% de las empresas sinaloenses son informales, dice Lupita Zavala, presidenta de la Canaco en Culiacán.

En lo general, un aparato institucional débil, en el que la ley simplemente no se aplica, es la raíz principal del alto índice de informalidad económica que impera en México, esto de acuerdo con Cristina Ibarra, presidenta del colegio de economistas de Sinaloa.