Concentrada en Culiacán la ofensiva contra el crimen organizado que libra una guerra interna por el control del mando del Cártel de Sinaloa, el gobierno y la opinión pública les dedican menor atención a comunidades de los municipios de Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Rosario y Concordia hacia donde está extendida la acción delictiva, aprovechando la baja presencia militar y policial para proteger a la población pacífica.

La crónica del periodista Marcos Vizcarra publicada hoy en Revista ESPEJO da cuenta de cómo los habitantes de la zona rural elotense han instrumentado medidas de autoprotección en acatamiento a órdenes dadas por los sicarios, consistentes en que las familias se encierran en sus casas desde las 8 de la noche y permanezcan allí en silencio, a la vez que están retenidas en los poblados con déficit de productos alimentarios y sin poder salir a sus actividades laborales.

La información refiere que en Elota hay al menos 24 pueblos que se han quedado en medio de la violencia criminal, habitados por 15 mil 145 personas, con la peculiaridad de que a la crisis de la seguridad pública se le agrega la crisis por falta de comida. “Los únicos que pueden ir por comida es la gente que tiene carro particular y los que no, pues tenemos que comprar caro donde haya y de quien venda”, dice uno de los testimonios.

 

A esto hay que agregar el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública sobre el enfrentamiento entre civiles armados en la comunidad de Loberas, en el municipio de Concordia, con saldo de siete muertos y dos heridos, en continuación de la escalada violenta que inició el 9 de septiembre con una radio de afectación que va más allá de los sucesos de inseguridad en la capital del estado, ampliando cada día más los perímetros del miedo.

El Gobierno del Estado y la acción de Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional deben aumentar su margen de contención del crimen hacia el resto de Sinaloa en amparo de las comunidades que no ven otra ley aparte de la que les impone la delincuencia. Estas familias también forman parte de la tierra de los once ríos y aunque estén fuera de Culiacán, que concentra los mayores operativos de pacificación, cuentan con iguales derechos y garantías de protección, sin discriminarlos en sus exigencias de vida en paz.

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