México.- El paquete de reformas constitucionales promovido por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador incluye una gran variedad de iniciativas que buscan su aprobación antes del término de este año. Algunas, como la tipificación del aumento al salario mínimo superior a la inflación, han sido recibidas con opiniones mayormente positivas por buena parte de la academia, sector privado y oposición política.

Sin embargo, hay otras que son objeto de señalamientos por parte de los mismos debido a haberse encontrado dañinas para la división de poderes, institucionalidad del país, y las relaciones económicas bilaterales de México con el exterior.

Las iniciativas de reformas constitucionales que se han identificado como potencialmente riesgosas para la economía mexicana y su papel dentro de América del Norte son, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad en un reciente informe, la reforma al Poder Judicial, la que desaparece a los organismos autónomos, y aquellas que pretenden modificar la constitución en materia de energía, agua y biotecnología.

Reforma al poder judicial: amenaza contra la independencia de poderes

 

Según explica el IMCO, los cambios que la ya aprobada reforma provocará en el funcionamiento del Poder Judicial pone en riesgo la independencia del mismo.

La independencia de los tres poderes de la unión, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es un principio fundamental para el correcto funcionamiento del estado, de acuerdo con la doctrina política en la que se basa la república. Al estar estos claramente separados los unos de los otros, pueden actuar como contrapesos que protegen al país de los excesos de cualquiera de ellos.

En el caso de la reforma al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, se ha estipulado que los ministros, magistrados y jueces se elegirán mediante el voto popular. El instituto antes citado señala que esta medida implica una partidización de los procesos que antes se regían por criterios técnicos y objetivos.

“La posible intervención de partidos políticos y otros grupos de interés en los perfiles de las personas encargadas de la impartición de justicia tiene graves consecuencias para el nivel de impunidad en México”, explica el organismo.

 

La Confederación Patronal de México, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Asociación Internacional de Abogados, la Asociación Internacional de Jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la embajada de Estados Unidos en México, además de los partidos de oposición, son algunas de las entidades que se pronunciaron en contra de la reforma y alertaban sobre los riesgos que implicaba.

Luis Asalí Harfuch, maestro del ITAM y presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, sentenciaba tajantemente a la reforma en uno de los últimos foros de discusión al respecto, organizados por la Coparmex en agosto.

“No tiene ni pies ni cabeza. En lugar de que ocupar un cargo dependa de los méritos, conocimiento y trayectoria del servidor público, ahora lo hará de sus relaciones, su carisma y popularidad. Ante los actuales problemas del poder judicial, lo que se receta es el peor veneno posible. Es un despropósito que tenemos que evidenciar”, expresaba el abogado.

 

El IMCO considera que la reforma no se encuentra fundamentada en el análisis de los problemas que actualmente enfrenta la justicia en México. Produce preocupaciones para el vínculo de confianza de los inversionistas con el gobierno, la institucionalidad y el estado de derecho. Podría, incluso, entrar en contradicciones con el T-MEC, pues el tratado compromete a México a impartir justicia de forma imparcial e independiente de los otros poderes.

Desaparecer a los organismos autónomos afecta la arquitectura institucional

 

Otra de las iniciativas más discutidas de las políticas impulsadas por el oficialismo es la de desaparecer a un total de siete organismos autónomos, entre los que se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo con la descripción de la reforma, las funciones de estas instancias serían absorbidas por diferentes dependencias integrantes del poder ejecutivo, como la Secretaría de Economía y Secretaría de Energía.

Nuevamente, la extinción de dichos organismos está en conflicto directo con las disposiciones del T-MEC, en el que se obliga a los miembros a asegurar la existencia de órganos administrativos independientes que regulen las telecomunicaciones, competencia económica y empresas propiedad del estado.

Más allá de las contradicciones con el tratado comercial, el IMCO precisa que la desaparición de los organismos autónomos impactaría directamente en el balance institucional necesario para la certeza jurídica del país.

Cabe destacar que la justificación mediante la que AMLO, principal promotor de esta y las demás iniciativas, ha explicado la propuesta, es que busca abonar a la austeridad republicana, una de las principales narrativas que rigen el discurso político del exmandatario. De acuerdo con él, se ahorrarían unos 100 mil millones de pesos al año.

Sin embargo, la narrativa de que los organismos autónomos solo constituyen una fuga de dinero del presupuesto público se ha comprobado ser falsa. La Cofece, una de las instituciones en la mira, recaudó 5,246 millones de pesos para el erario público en 2022, cuatriplicando su presupuesto asignado para ese año y demostrando un retorno de inversión significativo. Esto, según destaca la directora general de México Evalúa, Mariana Campos.

Otro de estos, el INAI, ha sido un impacto positivo en el derecho de acceso a la información pública, y un agente clave para transparentar casos de corrupción, como el fraude de Segalmex, la estafa maestra y el caso Odebrecht, de acuerdo con la Coparmex.

Reformas en materia de energía, agua y biotecnología agrícola

 

La reforma que plantea la preponderancia de la CFE sobre empresas privadas generadoras y distribuidoras de energías, está, igualmente, en conflicto con las disposiciones del T-MEC. El acuerdo prohíbe dar un trato preferencial a las empresas propiedad del estado, de manera que se deje en desventaja a la iniciativa privada.

De la misma forma, la iniciativa que reforma la constitución en materia de disponibilidad de agua y concesiones para actividades mineras busca frenar las concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua, para priorizar a entes públicos. También, se propone prohibir otorgar concesiones para la exploración y explotación de minerales a cielo abierto.

La prohibición del uso de maíz genéticamente modificado, por su parte, impone una restricción al comercio sin presentar evidencia científica que sustente dicha decisión, entrando así en contradicción con el tratado comercial.

“La aprobación e implementación de reformas constitucionales que no solo afectan la competitividad y la institucionalidad del país, sino que generan incertidumbre, puede derivar en un ambiente volátil que comprometa la confianza que los socios comerciales de México tienen en el país”

 

El IMCO termina su comunicado recordando que, en la actualidad, el 83% de las exportaciones mexicanas tienen a los Estados Unidos como destino. De esta manera, reafirma la importancia de considerar las implicaciones que la aprobación de estas políticas públicas puede tener en las relaciones comerciales internacionales de nuestro país.

 

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