El operativo de proximidad puesto en marcha por los gobiernos estatal y municipal tendría que implementarse en todo el casco urbano de Culiacán porque la violencia que afecta sobre todo al sector comercio está extendida indiscriminadamente en la ciudad, agudizando la crisis de seguridad pública que inhibe las actividades económicas con repercusiones no sólo a empresarios grandes, medianos o pequeños sino a los trabajadores de dichos rubros.

La vigilancia de las policías estatal y municipal está dirigida al centro de Culiacán y es un buen punto de partida siempre y cuando en cortísimo plazo la misma acción sea aumentada al resto de la ciudad y de Sinaloa donde la delincuencia también actúa y prueba de ello es que en el reporte de hoy la Secretaría de Seguridad Pública da cuenta de que dos personas reciben atención hospitalaria a consecuencia heridas con arma de fuego durante un robo a comercio en la colonia Díaz Ordaz.

Hasta el momento la estrategia a reforzar consiste en patrullaje preventivo y de contención de la comisión de delitos en las diferentes formas de ataque a comerciantes, tiendas departamentales, casas de cambio, abarrotes y sector servicios, en la secuela de la jornada de violencia que inició en Culiacán el 9 de septiembre y se amplió hacia los municipios del sur del estado, poniendo en entredicho la eficacia de las instituciones de protección a la ciudadanía.

 

Existen medidas que deben ser resaltadas, entre estás el apoyo económico a pequeños comerciantes que otorga el Ayuntamiento de Culiacán y la moratoria a patrones en el pagos de cuotas a IMSS e Infonavit que gestiona el gobernador Rubén Rocha en el Gobierno Federal, no obstante que la principal preocupación, hoy, es salvaguardar la integridad física y patrimonial en el esfuerzo de personas y familias por impulsar negocios lícitos como oportunidad de progreso y además de generación de empleos.

Resulta acertada la medida de atender al centro comercial de Culiacán, pero toda la ciudad capital, y actividades empresariales del sur del estado asediadas por el crimen organizado necesitan de la intervención urgente del gobierno para resistir en circunstancias económicas de por sí complicadas. Estado de derecho, ya, que detenga la indefensión y pérdida de fe en las instituciones, lo cual intranquiliza a la planta productiva en general.

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