Por Cristina Ibarra

En las últimas semanas, varios estados del país han visto efectos violentos significativos, mismos que van más allá de la ocurrencia de homicidios dolosos. Los actos criminales de quema de vehículos, asaltos y otras acciones que amenazan a la paz pública derivan sin lugar a dudas en pérdidas económicas significativas, que no se limitan a las empresas, alcanzan a los hogares, a los gobiernos, a través de la recaudación de impuestos, y también a la economía informal. Estos efectos inciden no solo en el corto plazo, sino que también hay pérdidas de largo plazo, pues para la mayoría de las familias y empresas, la pérdida económica del robo de un auto, un asalto, un secuestro exprés, o dejar de trabajar por varios días, tiene afectaciones que perduran.

A la fecha, en Sinaloa aún atestiguamos hechos violentos que se han vuelto casi normales y se lucha por regresar a la normalidad. No obstante, las empresas, productores y organizaciones de productores en varias partes del estado, siguen reportando recorte de horarios, así como pérdidas cuantiosas que dependen de cada sector.

Casos similares han sucedido en estados como Chiapas, Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas, que generan condiciones difíciles para la ciudadanía y la libre empresa. En virtud de ello, considero importante hacer notar que tan solo en estos estados, incluyendo a Sinaloa, la actividad económica de un día, equivale a más de 10 mil millones de pesos, 0.04 % del PIB total mexicano. También, el valor agregado generado en estas entidades aporta hasta el 15 % de la actividad económica nacional.

Si bien la problemática se vive distinta en cada entidad, es importante considerar las pérdidas económicas e incluso el decrecimiento en estas entidades.

Además, se debe hacer notar que tres de ellas ya reflejaron tasas más bajas que el 3.7 % de crecimiento nacional para 2022-2021, último dato disponible a nivel estatal.  Con todo, el caso de Chiapas es especial, pues, aunque los proyectos de infraestructura y gasto en el sur del país han tenido efectos muy positivos y lograron impulsar el crecimiento de Chiapas, la violencia continúa limitando su actividad.

En el caso de Tabasco, su economía está altamente vinculada a la producción petrolera, no obstante, la inseguridad, afecta especialmente a la iniciativa privada y a las familias que desean crecer e incrementar su bienestar con el fruto de su esfuerzo.

En suma, la violencia puede medirse desde diversas ópticas, una de ellas es a nivel macro y lo que aquí se presenta busca poner sobre la mesa que aun si es solo un día de parálisis económica por la violencia, las pérdidas económicas pueden ser significativas en el corto plazo, pero en el largo, afectan la acumulación de riqueza de los hogares, el gobierno y las empresas.

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*Esta es una colaboración de Cristina Isabel Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, para Espejo Negocios.