La confrontación interna en el Cártel de Sinaloa, que ocasiona en Culiacán y otros municipios la larga jornada de violencia por el enfrentamiento entre los hijos de Ismael Zambada García y de Joaquín Guzmán Loera, escaló al episodio de desavenencias diplomáticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la forma en que el “El Mayo” fue puesto a disposición del país vecino y los efectos en la entidad de tal acción aún no clara del todo.

Mientras en Culiacán, Mazatlán y otros municipios del sur de Sinaloa continúa el enfrentamiento entre las antes compactas facciones del narcotráfico, el choque adquiere complicaciones internacionales que en vez de ampliar las expectativas de solución toma complejidad por las posiciones encontradas de las dos naciones de vecindad e intereses comunes.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, encarriló la polémica internacional al declarar ayer que el éxito que significa la captura de “El Mayo” debe ser reconocido por ambas naciones ya que la considera una victoria grande de los esfuerzos binacionales contra el narcotráfico y desmarcando a la vez a su país del operativo de detención o del avión y el piloto que llevó a Zambada al territorio estadunidense.

 

En esa misma ronda de declaraciones la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reclamó en La Mañanera de hoy que no se trata sólo de que Zambada haya sido detenido sino que la manera en la que se hizo no ha sido esclarecida en su totalidad, y aludió la frase que señala que el fin no justifica los medios ya que “no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo, y en general cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del estado de derecho, la soberanía, la manera en que haces la cosas también tiene fondo, no solo es el fin, yo creo que es parte de lo que estamos planteando”.

Es decir, la situación de violencia que padecemos los sinaloenses por la narcoguerra que libran los hijos de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán está por escalar a un conflicto diplomático que le agregaría a México mayores costos que los que ya paga la tierra de los once ríos, cuantiosos en lo económico y la pérdida de vidas humanas y de consecuencias insostenibles después de casi dos meses de violencia exacerbada en Sinaloa.

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